Gabriel García Márquez tardó dieciocho años en escribir El otoño del patriarca. Le bastaron doscientas páginas para retratar lo que ningún manual de ciencia política ha logrado explicar con igual precisión: la soledad alucinada del poder absoluto en su fase terminal, el dictador que ya no distingue entre la realidad y el delirio que él mismo fabricó, que confunde su voluntad con la historia y su declive con una conspiración universal.
García Márquez no escribió sobre un tirano específico. Escribió sobre todos. Y escribió, sin saberlo, sobre lo que Colombia vería medio siglo después en la figura de un presidente que, en las horas más reveladoras de su ocaso, acusó a Benjamin Netanyahu de comprar votos en Bogotá y respondió a un columnista con dos palabras: Heil Hitler.
Hay elecciones que administran el poder y elecciones que lo refundan. Lo ocurrido el 31 de mayo en Colombia pertenece inequívocamente a la segunda categoría. No porque los resultados hayan sido extraordinarios en su magnitud, sino porque han revelado algo más profundo que una preferencia electoral: el agotamiento moral de un proyecto político que llegó al poder prometiendo transformación y entregó polarización, desinstitucionalización y la parálisis sistemática de un Estado secuestrado por la retórica.
Abelardo de la Espriella, ‘outsider’ barranquillero que los encuestadores descartaban con condescendencia, canalizó algo que los modelos estadísticos no saben medir: el hartazgo de una mayoría silenciosa que ya no cree en las promesas del mesianismo de izquierda. Frente a él, Iván Cepeda representa no una renovación sino una inercia: la continuación de una gramática de gobierno que ha convertido el conflicto perpetuo en su único instrumento de cohesión interna.
Pero el episodio verdaderamente revelador no fue el resultado. Fue lo que vino después. Ante la derrota, Gustavo Petro recurrió al manual más viejo del populismo latinoamericano: deslegitimar el proceso. Denunció fraude sin evidencia comprobada, cuestionó el software electoral, fabricó la narrativa del complot y declaró, investido aún con la autoridad presidencial, que no reconocía los resultados. La Misión de Observación de la Unión Europea descartó cualquier irregularidad. El escrutinio oficial confirmó el preconteo con una precisión aplastante. Nada importó.
Este patrón tiene nombre y tiene historia. En 1970, el general Gustavo Rojas Pinilla ganó la primera vuelta presidencial colombiana con una ventaja real sobre Misael Pastrana. El Frente Nacional, acorralado, fabricó su derrota en el escrutinio. Aquella infamia incubó durante años el resentimiento que alimentó al M-19 y marcó una generación entera. Petro, paradójicamente, invierte el guión: esta vez es el gobierno saliente el que niega una victoria opositora limpia, invocando los fantasmas del fraude con la misma frivolidad con que sus predecesores cometieron el real. La historia ha puesto al heredero ideológico de aquellas víctimas en el papel de sus victimarios.
En el tablero geopolítico regional, la señal que emite Colombia es igualmente significativa. Nicaragua y Cuba observan con alarma cómo el electorado de uno de sus aliados diplomáticos más activos podría clausurar el ciclo izquierdista en Bogotá. Venezuela, sumida en su propia convulsión tras la caída de Maduro, ya no es el ancla ideológica que solía ser; su derrumbe interno priva al petrismo de su principal referente y espejo. El eventual triunfo de De la Espriella el 21 de junio devolvería a Colombia su rol histórico como contrapeso institucional en la región, en un continente donde la nueva geometría política -de Milei a Noboa, de Bukele a Boluarte- se dibuja con trazos cada vez más nítidos.
El caso peruano ilustra con particular nitidez lo que está en juego. Cuando los resultados de la primera vuelta en Perú comenzaron a consolidarse, Petro no dudó en tomar partido públicamente: “El progresismo avanza de nuevo en Perú”, escribió desde su cuenta en X, celebrando que Roberto Sánchez -candidato castillista de izquierda- superara a su adversario de derecha.  Era una injerencia directa en los asuntos electorales de un país soberano, ejecutada desde la investidura presidencial y sin el menor pudor diplomático.
Keiko Fujimori, que disputó la segunda vuelta peruana el 7 de junio contra Sánchez, respondió al otro lado de la frontera ideológica: aseguró que Colombia tendrá un cambio de gobierno el 21 de junio y apostó por una integración regional de los países que comparten la agenda de seguridad y libertad.  De la Espriella, por su parte, expresó su apoyo a Fujimori en videollamada, saludándola como la próxima presidenta de Perú.  La diferencia entre ambos gestos es estructural: uno es la coordinación natural entre fuerzas políticas afines en democracias abiertas; el otro es un presidente en ejercicio utilizando su cargo para influir sobre el voto de ciudadanos extranjeros. Petro ha convertido la política exterior en una extensión de su campaña doméstica, y la campaña doméstica en una cruzada continental.
El patriarca no reconoce fronteras porque, en su cosmología, el mundo entero conspira o le pertenece.
Para Israel, las implicaciones son directas e inmediatas. El gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con el Estado judío en mayo de 2024, convirtió a Colombia en plataforma retórica del movimiento internacional de boicot y acusó a Israel de genocidio ante tribunales internacionales. Pero lo ocurrido en los últimos días marca una escalada cualitativamente distinta. El 6 de junio, Petro afirmó desde su cuenta en X que el dinero de Netanyahu -a quien llamó “el genocida de bebés de Gaza”- junto con autoridades estadounidenses, sus aliados y narcotraficantes, fluye hacia Colombia para comprar votos que elijan a “un defensor de los genocidas”.  Aseguró que la información estaba “comprobada por grabaciones verificadas por informática forense”  -una afirmación sin sustento presentado- e instó a los colombianos a medir las consecuencias antes de votar el 21 de junio. No era la primera vez: desde el 25 de mayo, Petro había pedido a la Fiscalía investigar una supuesta “alianza internacional de ultraderecha” integrada por Netanyahu, el presidente Milei y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, destinada a derribar el progresismo en Colombia y México. 
Pero el episodio más grave llegó el 7 de junio. Petro respondió a la publicación en X de una columna de El Espectador que respaldaba a De la Espriella y argumentaba que Colombia necesita orden, autoridad y libertad económica con dos simples palabras: Heil Hitler.  La publicación superó los 20 millones de visualizaciones en menos de un día, y numerosos usuarios acusaron al presidente colombiano de antisemitismo y fascismo.  El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, respondió con dureza: “Presidente Petro, incluso en la situación en la que te encuentras, hay líneas que no se cruzan. El uso de consignas nazis es una bajeza de la que no hay retorno. Espero que logres recomponerte y disculparte antes del próximo miércoles, cuando se supone que debes dirigir el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.”  El congresista estadounidense Carlos Giménez calificó el mensaje de “repugnante”. 
Lo que Petro presenta como sátira política es, en rigor, algo mucho más grave: una trivialización deliberada del Holocausto. Utilizar el saludo del Tercer Reich como arma arrojadiza en una disputa electoral no es ironía; es la banalización de seis millones de muertos convertida en munición de campaña. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. define el antisemitismo contemporáneo precisamente en estos términos: el uso de símbolos y referencias nazis para atacar a personas o contextos asociados con Israel o la derecha política.
Petro cumple esa definición con exactitud quirúrgica. Más revelador aún es el patrón: quien acusa a Netanyahu de financiar elecciones colombianas sin evidencia alguna, quien califica a los agentes de inmigración estadounidenses de “brigadas nazis”, y quien ahora convoca el saludo de Hitler para descalificar a un columnista, no está cometiendo errores aislados. Está construyendo un lenguaje político donde el nazismo es un insulto genérico, los judíos una conspiración disponible, y las víctimas del exterminio una metáfora de conveniencia. Eso no es retórica de campaña. Es la degradación moral de un presidente en ejercicio frente al mundo.
Una Colombia bajo De la Espriella no solo normalizaría las relaciones con Israel: rompería el cerco diplomático que el petrismo contribuyó a construir en América Latina, privando a Teherán y a sus aliados regionales de uno de sus portavoces más activos en el hemisferio. La elección del 21 de junio tiene, por tanto, una dimensión que trasciende lo colombiano: es también un voto sobre qué tipo de presencia quiere tener Latinoamérica en el conflicto más explosivo de la geopolítica contemporánea -y si Colombia desea seguir siendo representada ante el mundo por un gobierno que convoca a Hitler para ganar votos.
La segunda vuelta no dirime solo una presidencia. Dirime si Colombia opta por la rectificación o por la perpetuación de un experimento que ha fracturado su tejido social. Y dirime, también, si las instituciones de la República tienen la robustez suficiente para sobrevivir a un gobierno que, en su ocaso, ha demostrado que prefiere la narrativa del fraude al veredicto de las urnas.
A veces los pueblos tardan en pronunciarse. Cuando lo hacen con esta contundencia, conviene escucharlos.