El ministro de Asuntos Exteriores español tiene previsto pedir el martes a sus homólogos de otros Estados miembros de la UE que pongan fin al Acuerdo de Asociación UE-Israel, que ahorra a Israel unos 1.000 millones de dólares anuales en exenciones fiscales, según declaró el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Sánchez, quien ha calificado a Israel de “estado genocida” y cuyo gobierno ha adoptado la política más antiisraelí de todas las grandes economías de la UE, hizo estas declaraciones durante un mitin en Huelva, Andalucía, el domingo.
El martes, los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la UE se reunirán en Luxemburgo para un encuentro político. Será la primera reunión de este tipo desde la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en las elecciones generales de su país.
El gobierno de Orbán ha protegido repetidamente a Israel de sanciones que habrían requerido consenso. Su sucesor electo, Péter Magyar, ha abogado por una relación más armoniosa con la UE que la que existía bajo el mandato de Orbán.
España, bajo el gobierno de Sánchez, ha impuesto un embargo de armas a Israel y se ha sumado a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por el presunto genocidio en Gaza.
Sánchez escribió el domingo en X en inglés: “Ha llegado el momento de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. No tenemos nada en contra del pueblo de Israel; todo lo contrario. Pero un Gobierno que viola el derecho internacional y, por lo tanto, los principios y valores de la UE no puede ser nuestro socio”.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, respondió con un severo mensaje en español.
“No aceptaremos un discurso hipócrita de alguien que mantiene vínculos con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos, como la Turquía de Erdogan y la Venezuela de Maduro”, escribió Sa’ar. “Un gobierno que recibe el agradecimiento del brutal régimen iraní y de organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a propagar el antisemitismo. No tenemos nada en contra de los ciudadanos españoles, todo lo contrario, sino contra el doble rasero del gobierno de Pedro Sánchez”.
La semana pasada, Shurat HaDin-Israel Law Center, un grupo de acción legal proisraelí, anunció que Sánchez se enfrentaba a una denuncia presentada por Shurat HaDin ante la Corte Penal Internacional, en la que se alegaba que España facilitó la transferencia a Irán de componentes de doble uso, militar o civil, por valor de 1.3 millones de euros (1.53 millones de dólares).
Shurat Hadin alegó que los componentes son “piezas esenciales que permiten el funcionamiento de los sistemas explosivos, en circunstancias en las que su uso contra civiles era previsible”. Según el derecho internacional, “proporcionar componentes esenciales puede constituir complicidad en crímenes de guerra. Irán sigue armando a grupos afines como Hezbolá, Hamás y los hutíes, que atacan a la población civil”, añadió la ONG.
Shurat HaDin señaló que el régimen iraní “dejó claro cómo percibe este apoyo, colocando pegatinas de Sánchez en los misiles con el mensaje “Gracias, Primer Ministro”. La responsabilidad por los crímenes de guerra no recae únicamente en quienes aprietan el gatillo, sino también en quienes proporcionan los medios”.
