La semana pasada, un tribunal británico desestimó un intento de procesar judicialmente a un ciudadano británico-israelí por haber servido en una unidad de reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) después de 2023, y ordenó al grupo antiisraelí que demandó al acusado que pagara sus costos judiciales.
Paul Goldspring, magistrado jefe de Inglaterra y Gales, escribió en su fallo como juez del Tribunal de Magistrados de Westminster que el Centro Internacional de Justicia para los Palestinos (ICJP) tenía una interpretación “fundamentalmente errónea” de la ley, y que fallar a favor de su demanda podría haber criminalizado a ciudadanos británicos de la Commonwealth que prestan servicio en las fuerzas armadas de países como India, Pakistán y Chipre.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se basó en la Ley de Reclutamiento Extranjero de 1870 para alegar que el acusado había cometido un delito al viajar a Israel el 8 de octubre de 2023 para reincorporarse a las FDI. El tribunal rechazó el argumento, al considerar que el acusado ya era reservista de las FDI y que cumplía con una obligación legal vigente según la legislación israelí, en lugar de “alistarse” en un ejército extranjero.
El juez dictaminó que la ICJP cometió “graves y profundas infracciones del deber de sinceridad”, al no revelar la política de larga data del gobierno británico que reconoce que los ciudadanos con doble nacionalidad pueden servir en las fuerzas armadas de su otro país de nacionalidad.
Aurèle Tobelem, fideicomisaria de UK Lawyers for Israel (UKLFI), un grupo no gubernamental que representó al acusado, calificó el fallo como un “paso en la dirección correcta”, pero añadió que la respuesta del poder judicial británico a la guerra jurídica antiisraelí aún era insuficiente.
“El poder judicial británico dispone actualmente de las herramientas necesarias”, dijo Tobelem, refiriéndose a la legislación, “pero debería ser mucho más estricto en la aplicación de la ley contra los antiisraelíes y las personas que deseen cometer actos dañinos contra los judíos”, declaró a JNS.
Un caso reciente que, según los críticos, erosionó su confianza en el sistema judicial británico a la hora de tratar con militantes antiisraelíes fue la absolución en febrero de seis activistas antiisraelíes acusados de robo, a pesar de que admitieron haber irrumpido en una fábrica perteneciente al fabricante israelí de equipos de defensa Elbit Systems, donde varios agentes de policía fueron agredidos.
En muchos casos, las personas que son blanco de la represión legal antiisraelí en el Reino Unido no pueden esperar razonablemente un resultado justo hoy, dijo Tobelem a JNS. “A menos que haya campañas importantes para crear conciencia, no solo sobre quienes infringen la ley, sino también sobre como es la ley en realidad”.
“Cuanto mayor sea la indignación pública, mayor será el incentivo para que se aplique la ley, que es, lamentablemente, lo que está ocurriendo ahora mismo. Tenemos sistemas judiciales que están adoptando una postura extremadamente indulgente” ante la guerra jurídica y el vandalismo antiisraelí, declaró Tobelem.
