Setenta y ocho años después de su hundimiento en junio de 1948, el buque Altalena ha sido localizado a 503 metros de profundidad frente a la costa mediterránea de Israel, aparentemente intacto. El descubrimiento ha reavivado el debate público sobre uno de los episodios más controvertidos de la fundación de Israel, pero su importancia va más allá de la recuperación de una pieza histórica. Ofrece la oportunidad de reconsiderar no solo lo sucedido en 1948, sino también cómo una interpretación se arraigó en la memoria colectiva israelí y cómo el poder de definir el pasado puede moldear las categorías políticas a través de las cuales una sociedad comprende su presente.
La mayoría de los israelíes crecieron con una visión relativamente sencilla de la historia: el Estado de Israel acababa de fundarse, las Fuerzas de Defensa de Israel se habían creado y el líder sionista David Ben-Gurion se enfrentaba a la tarea de establecer una autoridad soberana única. El grupo paramilitar Irgún, bajo el mando de Menachem Begin, trajo a Israel un barco con inmigrantes y armas; se produjo un enfrentamiento por esas armas; y Ben-Gurion actuó para establecer el principio de un solo Estado y un solo ejército. El bombardeo del Altalena se convirtió, por consiguiente, en parte de la historia fundacional de la democracia israelí; el momento en que la autoridad estatal legítima se impuso a una facción armada supuestamente reacia a aceptarla.
Ningún Estado soberano puede tolerar ejércitos rivales. Pero ese principio no resuelve la cuestión histórica, ya que para cuando llegó el Altalena , el Irgún ya había acordado disolverse como organización independiente e integrarse en las FDI. La disputa giraba en torno a las armas, incluidas las destinadas a las fuerzas del Irgún en Jerusalén, cuyo estatus era entonces distinto, y a la exigencia de Begin de que algunas se asignaran a antiguos batallones del Irgún ya incorporados a las FDI.
A medida que el enfrentamiento se intensificaba, Begin instruyó repetidamente a sus hombres que no tomaran represalias contra sus compatriotas judíos, incluso después de que el barco fuera atacado con artillería. Dieciséis miembros del Irgún y tres soldados de las FDI murieron. Ben-Gurion describiría más tarde el cañón utilizado contra el barco como el “cañón sagrado”.
Estos hechos no convierten a Ben-Gurion en un villano ni justifican todas las decisiones del Irgún, pero dificultan considerablemente el mantenimiento de la clara división moral heredada por generaciones de israelíes. Es esa división, quizás más que los propios acontecimientos, la que constituye el legado perdurable del Altalena.
El bando que se impuso en 1948 no solo poseía la autoridad del gobierno.
En las décadas siguientes, el Mapai de Ben-Gurion -más tarde el Partido Laborista- y la clase política que lo rodeaba ejercieron una enorme influencia sobre las instituciones a través de las cuales los israelíes se relacionaban con su historia, incluyendo la educación, la academia, los medios de comunicación y la cultura. La victoria política significó un poder considerable para determinar el lenguaje con el que se entendían las luchas fundacionales del Estado.
El Altalena se integró a un vocabulario político más amplio. Un bando se asoció con la mamlachtiyut: la responsabilidad institucional y la defensa de la democracia. El otro se asoció con el faccionalismo, el extremismo y la amenaza al Estado. Lo que comenzó como una disputa sobre un enfrentamiento contribuyó a generar ideas preconcebidas sobre quién representaba la autoridad estatal legítima y quién debía demostrar que oponerse a quienes la ejercían no constituía oponerse al Estado mismo.
Esto es importante porque la democracia es un sistema en el que la legitimidad política reside en el público y los gobiernos cambian según las decisiones de los ciudadanos. Cuando una tradición política se identifica culturalmente con la democracia misma, la derrota electoral puede percibirse no como la transferencia legítima del poder a un bando opositor, sino como la pérdida de poder de la democracia frente a fuerzas que se consideran una amenaza.
Esto ayuda a explicar una característica recurrente del discurso político israelí: los movimientos políticos que ganan elecciones repetidamente pueden, sin embargo, ser descritos como una amenaza para la democracia, mientras que las instituciones sin mandato electoral directo pueden ser presentadas como sus principales defensoras. En consecuencia, la oposición a determinadas instituciones puede interpretarse no solo como un desacuerdo sobre su función constitucional, sino como una hostilidad hacia la democracia misma.
Las instituciones democráticas son esenciales precisamente porque el poder político requiere límites, pero ninguna institución ni bando político puede atribuirse la democracia como su dominio exclusivo. El problema surge cuando un bando político, o la cultura institucional históricamente asociada a él, adquiere una pretensión implícita de propiedad sobre la democracia, de modo que se presume que su propio ejercicio del poder defiende el orden democrático, mientras que el poder democrático ejercido por sus oponentes es visto con inherente recelo.
Vista desde esta perspectiva, el Altalena ilustra cómo el poder político se convierte en poder narrativo, el poder narrativo se convierte en memoria institucional y la memoria institucional, a la larga, moldea los límites de la legitimidad política.
La exhaustiva investigación del historiador Shlomo Nakdimon sobre el caso Altalena documenta un registro histórico considerablemente más complejo que la narrativa política simplificada que se desarrolló en torno a él. Revisar ese registro no implica reemplazar una historia partidista por otra, sino reconocer las consecuencias que pueden derivarse de la diferencia entre un acontecimiento y la historia que se cuenta sobre él.
El descubrimiento del Altalena permite a Israel reconsiderar esa herencia, separando el acontecimiento histórico de la narrativa construida a su alrededor y examinando cómo esa narrativa sigue moldeando nuestras ideas preconcebidas sobre quién representa al Estado, cuya autoridad se considera legítima y cuya autoridad se mira instintivamente con recelo. Casi ocho décadas después, las consecuencias de esa distinción siguen siendo una de las fisuras más profundas de la democracia israelí.