Por segunda vez en dos años, Estados Unidos ha prohibido a los delegados y funcionarios de la Autoridad Palestina asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas (del 8 al 28 de septiembre).
Una nota de prensa del Departamento de Estado del 16 de septiembre, de tono y contenido similares a los de otra publicada en julio de 2025, afirmaba que la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la fuerza dominante dentro de la Autoridad Palestina, no han cumplido sus compromisos, lo que contradice la legislación estadounidense.
Entre las violaciones de la Autoridad Palestina, el Departamento de Estado enumeró su llamamiento a la acción contra Israel en organismos internacionales, el hecho de instigar a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a perseguir a Israel, y eludir las negociaciones al buscar el reconocimiento unilateral de su condición de Estado.
Ben Cohen, investigador especializado en organizaciones internacionales de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), señaló que el presidente de EE. UU., Donald Trump, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU el martes, subrayó su oposición a la CPI, calificándola de “grupo de gente malvada”. Trump instó a todos los países miembros de la corte a retirarse “de inmediato” de esa “institución deshonesta”.
“La principal preocupación de Trump es que la CPI intente perseguir a ciudadanos estadounidenses y, aunque no lo mencionó, existe la sensación en el Departamento de Estado y en la misión de EE. UU. ante la ONU de que lo que empieza con Israel acabará extendiéndose a EE. UU.”, declaró Cohen a JNS.
En 2018, la CPI consideró la posibilidad de investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán. La Corte decidió finalmente no abrir un caso. Sin embargo, se ha mostrado mucho más agresiva con Israel. En 2024, dictó órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Galant.
Trump reaccionó con rapidez tras las medidas de la CPI contra los líderes israelíes. En febrero de 2025, el presidente impuso sanciones a personas de la CPI implicadas en intentos de “investigar, arrestar, detener o enjuiciar” a ciudadanos estadounidenses o de países aliados de EE. UU. (con mención especial a Israel). La Administración anunciará en breve sanciones contra toda la CPI, según informó Reuters el lunes.
La Autoridad Palestina ha promovido las investigaciones de la CPI contra Israel. En mayo de 2018, la Autoridad Palestina remitió la “situación en Palestina” a la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
A pesar de que ni EE. UU. ni Israel son signatarios del Estatuto de Roma -el tratado que fundó la corte-, lo que significa que no están sujetos a su jurisdicción, la CPI abrió una investigación contra Israel en 2021.
Itamar Marcus, fundador y director de Palestinian Media Watch (PMW), con sede en Jerusalén, que ha documentado los continuos y crecientes contactos de la Autoridad Palestina con la CPI, declaró a JNS que la Autoridad Palestina ha creado recientemente un nuevo organismo dedicado a preparar pruebas de los “crímenes de Israel” para presentarlas ante la corte.
“Estas sanciones estadounidenses son muy importantes porque la Autoridad Palestina se da cuenta de que no puede derrotar a Israel, ni mediante el terrorismo ni mediante negociaciones”, declaró Marcus a JNS. “Por esta razón, la Autoridad Palestina está intentando aislar a Israel haciendo que toda la comunidad internacional le imponga sanciones”.
El único problema con las sanciones estadounidenses, señaló, es que no van lo suficientemente lejos. Restringir los visados puede poner en aprietos a la Autoridad Palestina, pero “Estados Unidos debe castigarla económica y políticamente para que [las sanciones] tengan un impacto real, por ejemplo, congelando sus cuentas bancarias, impidiendo sus actividades financieras internacionales, etc. Espero que este sea el siguiente paso, posiblemente tras las elecciones estadounidenses”, afirmó.
Otro factor que ha motivado la decisión de EE. UU. de bloquear a los delegados palestinos es que la Autoridad Palestina sigue pagando subsidios a los terroristas y glorifica los actos terroristas en anuncios públicos y en los planes de estudios escolares. “Redunda en nuestro interés nacional imponer consecuencias y exigir responsabilidades a la OLP y a la Autoridad Palestina por glorificar el terrorismo”, afirmó el Departamento de Estado en su comunicado.
Bajo presión, la Autoridad Palestina afirmó en febrero de 2025 que había puesto fin al “pago por asesinato”, su programa de remuneración a los terroristas y sus familias por llevar a cabo atentados contra israelíes. Creó un nuevo organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que pagaría a los presos de la Autoridad Palestina basándose únicamente en su situación socioeconómica, y no por sus actos de terrorismo, según afirmó la Autoridad Palestina.
Estados Unidos no se dejó engañar. “Trasladar estos pagos a un sistema de asistencia social no sirve de nada. Los terroristas palestinos deben dejar de recibir cualquier tipo de salario o prestación como consecuencia directa de sus actos terroristas”, declaró un portavoz de la Embajada de EE. UU. a JNS a finales de enero.
La Autoridad Palestina ha intentado “dar vueltas al tema y eludir la Ley Taylor Force”, afirmó Cohen en referencia a la ley estadounidense aprobada en 2018 que prohíbe la ayuda económica de Estados Unidos a la Autoridad Palestina hasta que esta deje de pagar a los terroristas. “El problema fundamental aquí es que la Autoridad Palestina no ha cambiado. Sigue recompensando tanto a los terroristas como a las familias de los terroristas”.
Estados Unidos se encuentra “bastante aislado” a la hora de exigir una reforma de la Autoridad Palestina, señaló. “El único país que se ha tomado en serio esta cuestión -la de ‘pagar por matar’- es Estados Unidos. Europa no se ha visto conmovida por las mismas preocupaciones. Europa sigue siendo uno de los principales donantes de la Autoridad Palestina”.
La Autoridad Palestina no ha dado señales de dar marcha atrás en su estrategia de “guerra jurídica”, que su Ministerio de Asuntos Exteriores calificó en un comunicado del 17 de septiembre como “un medio legítimo y pacífico de proteger nuestros derechos. Rechazamos firmemente la afirmación de que defender los derechos palestinos a través de las Naciones Unidas y los tribunales internacionales socava la paz”.
Los palestinos “quieren intentar aguantar hasta que se vaya Trump”, soñando con llegar a un punto en el que los astros se alineen a su favor, explicó Cohen. “Asumen, quizá no sin razón, que quienquiera que suceda a Trump será más comprensivo con su posición. Pero durante los próximos dos años, mientras este presidente siga en el cargo, a menos que la Autoridad Palestina lleve a cabo una reforma real y verificable, seguirán siendo marginados por los estadounidenses”.