Según grupos de oposición y de derechos humanos iraníes, el poder judicial de Irán ha condenado a muerte a cuatro personas detenidas durante las protestas contra el régimen de enero, entre ellas la primera mujer ahorcada en relación con las manifestaciones, y ha ordenado la confiscación de sus bienes.
En un comunicado difundido el martes, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI), con sede en París, identificó a los prisioneros como Mohammadreza Majidi Asl, de 34 años, su esposa Bita Hemmati y otros dos hombres, Behrouz Zamaninezhad y Kourosh Zamaninezhad, que vivían en el mismo edificio de apartamentos que la pareja.
Según el NCRI, los cuatro fueron arrestados durante el levantamiento en Teherán y “sometidos a torturas e interrogatorios” y “condenados apresuradamente a muerte y a la confiscación de todos sus bienes por la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán”.
Las autoridades acusaron al grupo de participar en las protestas del 8 y 9 de enero, que incluyeron corear consignas de protesta, lanzar objetos -entre ellos “botellas, bloques de hormigón y materiales incendiarios"- desde los tejados y destruir propiedad pública.
El tribunal también acusó a los cuatro de “acciones operativas para el gobierno hostil de Estados Unidos y grupos terroristas”, citando una ley conocida como “Intensificación del castigo por cooperación con el régimen sionista y países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”, según la organización de derechos humanos Hana.
“La imposición de penas de muerte y la confiscación total de bienes contra los manifestantes demuestran una clara escalada de la represión judicial en la República Islámica”, declaró la organización.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán afirmó que estas sentencias de muerte son consecuencia de “juicios sumamente injustos y acelerados, llevados a cabo sin el debido proceso, sin acceso a un abogado independiente y basándose en ‘confesiones’ forzadas obtenidas mediante tortura como prueba”.
“La Resistencia Iraní hace un nuevo llamamiento a las Naciones Unidas, a los organismos internacionales pertinentes y a los defensores de los derechos humanos para que tomen medidas inmediatas para salvar la vida de los presos condenados a muerte, especialmente los presos políticos y los detenidos durante el levantamiento”, declaró el CNRI.
Según los informes, aún no se ha fijado una fecha de ejecución.