Ahogados por los problemas en Gaza

Las inundaciones estacionales son una razón más por la que hay que apartar a Hamás del poder en la Franja de Gaza.

Un hombre palestino en un campamento de tiendas de campaña, en medio de fuertes lluvias e inundaciones en la ciudad de Gaza, el 7 de noviembre de 2026. Foto de Ali Hassan/Flash90.
Un hombre palestino en un campamento de tiendas de campaña, en medio de fuertes lluvias e inundaciones en la ciudad de Gaza, el 7 de noviembre de 2026. Foto de Ali Hassan/Flash90.
Ben Cohen es analista sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) y director de su programa de respuesta rápida, especializado en antisemitismo global, antisionismo y relaciones entre Oriente Medio y la Unión Europea. Periodista londinense con 30 años de experiencia, trabajó anteriormente para BBC World y ha colaborado con Commentary, The Wall Street Journal, Tablet y Congressional Quarterly . Fue corresponsal sénior de The Algemeiner durante más de una década y es columnista semanal de JNS. Cohen ha informado desde zonas de conflicto en todo el mundo y ha ocupado cargos directivos en la Liga Antidifamación y el Comité Judío Estadounidense. Entre sus libros se encuentra *Some of My Best Friends: A Journey Through 21st Century Antisemitism* .

Mientras Gaza se ve azotada por las inundaciones estacionales, la Autoridad Palestina ha acusado a Hamás de denegar ayuda humanitaria a la población civil palestina del enclave costero, miles de cuyos habitantes viven en tiendas de campaña.

En un comunicado emitido el 9 de noviembre por Fatah, la facción nacionalista dominante dentro de la Autoridad Palestina, se responsabilizó a la organización terrorista Hamás “de negligencia y de no intervenir para salvar a los ciudadanos y aliviar su sufrimiento en la Franja de Gaza, en un momento en el que se está convocando a los empleados del Ministerio de Trabajo y de las agencias de ayuda humanitaria y se les obliga a firmar compromisos que les impiden llevar a cabo sus deberes profesionales y humanitarios al servicio de nuestro pueblo”.

Si hay que dar crédito a la oficina de prensa del Gobierno de Hamás en Gaza, los daños causados por las incesantes lluvias han sido extensos, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas mortales. Como era de esperar, el grupo terrorista ha culpado a Israel de este último giro en la crisis humanitaria de Gaza, alegando que las autoridades israelíes han impedido la entrega de refugios y materiales de construcción en Gaza.

Sin embargo, según COGAT, la agencia de las Fuerzas de Defensa de Israel encargada de coordinar la entrega de ayuda, han llegado a Gaza más de 90 mil tiendas de campaña, junto con más de 8 mil camiones cargados de suministros de invierno. Además, se han aprobado más de 800 solicitudes de organizaciones humanitarias internacionales para introducir suministros en Gaza.

Aun así, no cabe duda de que el invierno que se avecina en Gaza será una experiencia dura para los palestinos que viven allí. Del mismo modo, no cabe duda de que la determinación de Hamás de atribuir la mayor parte de la culpa de su sufrimiento a Israel encontrará eco en los gobiernos extranjeros, especialmente en Europa; en las Naciones Unidas; y en las diversas celebridades, influencers y activistas que siguen gritando la palabra “genocidio” en dirección a Israel.

Si el alto dirigente de Hamás Yahya Sinwar —arquitecto de las atrocidades del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que fue eliminado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) poco más de un año después— pudiera vislumbrar la situación actual desde las profundidades del infierno, sin duda la aprobaría.

Sinwar siempre creyó que agravar el sufrimiento de los palestinos de a pie era un componente vital de su estrategia de “resistencia”. “Estamos dispuestos a sacrificar a veinte mil, treinta mil, cien mil”, le dijo una vez a un funcionario de prisiones israelí que pasó cientos de horas conversando con él. Cuando las FDI entraron en guerra contra Hamás tras la masacre del 7 de octubre, Sinwar comparó el número de víctimas mortales entre los palestinos con las sufridas durante la lucha por la independencia de Argelia contra Francia, todas ellas “sacrificios necesarios”.

Las imágenes que sin duda veremos en los próximos meses de frío —tiendas de campaña rasgadas y arrastradas por la lluvia torrencial y los fuertes vientos, miles de personas agolpadas frente a los centros de distribución de alimentos, camiones de ayuda rodeados por destinatarios desesperados— encajan perfectamente con el guion de Sinwar.

Por lo tanto, no resulta en absoluto sorprendente saber que Hamás está lanzando advertencias a los funcionarios de la Autoridad Palestina en Gaza encargados de la distribución de la ayuda. El observador palestino independiente Ahmad Fouad Alkhatib, citando fuentes de la Autoridad Palestina en Gaza, afirmó que los empleados de la Autoridad Palestina han sido “intimidados, convocados y coaccionados por Hamás para que firmen compromisos de no emprender proyectos humanitarios sin la aprobación del grupo”, bajo la amenaza de la “denominada ‘justicia de campo’, que incluye palizas y cosas peores”, si se niegan a cooperar. Según se informa, la disputa se ha centrado en las demandas formuladas por altos cargos de la Autoridad Palestina, entre ellos Najla Hamad, directora de centros de acogida del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de Gaza, para la construcción de estructuras de fibra de vidrio más duraderas que sustituyan a los alojamientos en tiendas de campaña.

Por ese motivo, resulta decepcionante que la Junta de Paz, la organización internacional creada por la Administración Trump para restablecer la estabilidad en Gaza, exprese su frustración con Israel, calificando de “insuficiente” su respuesta a la actual emergencia invernal en un comunicado del 9 de noviembre. En ningún momento la junta reconoció que Israel se enfrenta al mismo dilema brutal de siempre: agravar el sufrimiento de la población civil palestina restringiendo la ayuda no beneficia ni a su imagen internacional ni a la causa de la paz, pero una política excesivamente liberal en materia de materiales de ayuda corre el riesgo de hacerle el juego directamente a Hamás.

El cemento y el hormigón que pueden utilizarse para reconstruir viviendas también pueden emplearse para construir búnkeres, fortificaciones y la elaborada red de túneles subterráneos que Hamás ha desplegado con efectos letales. Los postes de acero y metal destinados al montaje de tiendas de campaña pueden desviarse para la fabricación de armas. Las tuberías metálicas para garantizar el suministro de agua y la evacuación de aguas residuales pueden transformarse en misiles. Ninguna de estas preocupaciones es teórica; desde que se hizo con el poder hace dos décadas, Hamás ha desarrollado una experiencia sin igual en el aprovechamiento de estos materiales de doble uso para librar la guerra contra Israel.

En última instancia, lo que esto pone de relieve es la manifestación del mismo problema que ha acosado a Gaza antes y después del 7 de octubre, solo que en contextos diferentes. Hamás sigue en el poder. Hamás sigue armado. Mientras esos dos hechos sigan siendo ciertos, una solución pacífica —que los palestinos se beneficien de la reconstrucción de Gaza, que la frontera sur de Israel esté asegurada y que se imponga una prohibición indefinida a la entrada de civiles de Gaza en Israel, salvo en situaciones en las que se haya concedido autorización previa— seguirá siendo inalcanzable.

Quizá de forma comprensible, la junta está impaciente por demostrar que se están logrando avances. Quiere dar alojamiento a miles de palestinos desplazados. Quiere que Hamás entregue sus armas y ceda el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un grupo de tecnócratas palestinos. Y quiere desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) para formar a las fuerzas del orden en Gaza y ayudar en la distribución de la ayuda.

A este respecto, Israel anunció la semana pasada que se había autorizado la entrada en Gaza de 250 soldados extranjeros pertenecientes a la ISF propuesta. Entre los países que contribuyen a la ISF se encuentran Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo, Uganda y Albania. En última instancia, el objetivo es desplegar 20 mil efectivos bajo la bandera de la ISF, junto con 12 mil agentes de policía palestinos que, según nos dicen, serán sometidos a un exhaustivo proceso de selección para descartar cualquier vínculo con Hamás.

Aun suponiendo que Israel permitiera la entrada de efectivos adicionales, hacerlo mientras Hamás sigue imponiendo su dominio a punta de pistola sería un acto de locura. Yo mismo fui testigo de ello en Bosnia y Croacia a mediados de la década de 1990, cuando las Naciones Unidas desplegaron más de 40 mil cascos azules durante un conflicto activo. Esas tropas quedaron, a efectos prácticos, como rehenes de las fuerzas serbias, sin atreverse nunca a enfrentarse a los paramilitares por el temor, totalmente razonable, de que hacerlo las convirtiera en objetivos. Hamás se encontraría en una posición muy similar, capaz de aprovecharse de la ISF sobre el terreno y luego manipular el flujo de información para presentar a Israel como culpable del sufrimiento actual de Gaza.

En este momento, ese desenlace puede evitarse. No se dan las condiciones para un esfuerzo serio de reconstrucción ni para el despliegue de una fuerza internacional a gran escala.

Si el plan de paz de 20 puntos de Trump ha de sobrevivir, y si se quiere obtener la plena cooperación de Israel en la implementación de sus objetivos, es necesario reconocer que ningún Gobierno israelí —ya sea liderado por Benjamin Netanyahu o por Gadi Eisenkot— mostrará ningún entusiasmo por la rehabilitación de Gaza mientras Hamás siga siendo el poder indiscutible allí.

Por eso, en los próximos meses, todos los esfuerzos diplomáticos y, si es necesario, militares deben centrarse en el punto con el que se inicia el plan de Trump: el desarme de Hamás.