Un hospital no es precisamente el lugar más habitual en el que buscar los límites del reconocimiento diplomático. Sin embargo, una propuesta israelí para construir centros médicos en Marruecos ofrece un ejemplo inusualmente revelador de un problema que los gobiernos no pueden resolver simplemente acordando dónde discurre una frontera.
Un proyecto puede ser bien acogido por el país que administra un territorio y contar con el apoyo del propio gobierno del inversor, sin dejar de suscitar el escrutinio de instituciones que tienen una visión diferente de ese territorio.
En junio de 2022, el Ministerio de Sanidad de Marruecos firmó un memorándum con la empresa israelí IMS Ovadia Group para construir cinco hospitales con un total de 1,000 camas. El memorándum incluía una aportación de inversión estimada de 5 mil millones de dirhams, aproximadamente 500 millones de dólares en aquel momento.
La propuesta abarcaba varias regiones marroquíes; una de ellas era Dakhla-Oued Eddahab, en el Sáhara Occidental.
Marruecos administra la mayor parte del Sáhara Occidental al oeste de una larga barrera de arena, incluida Dakhla, mientras que el Frente Polisario opera en las zonas orientales y persigue la independencia. Marruecos reclama la soberanía sobre la totalidad del territorio, aunque el estatus internacional de la zona sigue siendo objeto de controversia.
Israel reconoció la soberanía marroquí sobre el territorio en julio de 2023, un paso diplomático significativo, pero que no obligaba a otros gobiernos ni a inversores internacionales a adoptar la postura de Israel.
La distinción no es teórica. En diciembre de 2023, el fondo soberano de Noruega excluyó a la empresa israelí Delek Group de sus inversiones debido a la exploración petrolera frente a las costas del Sáhara Occidental, que se había llevado a cabo de acuerdo con las autoridades marroquíes.
El Consejo de Ética de Noruega emitió su recomendación el 30 de mayo, antes de que Israel reconociera la soberanía marroquí, pero la recomendación no se hizo pública hasta que el fondo anunció la exclusión en diciembre.
Por lo tanto, el caso ilustra una evaluación independiente por parte de un inversor, no una respuesta documentada al reconocimiento israelí de la soberanía. Además, la medida no constituyó una sanción internacional.
La exploración petrolera difiere fundamentalmente de la construcción de un hospital. La extracción de recursos naturales plantea cuestiones sobre el control y los beneficios, mientras que las infraestructuras sanitarias podrían mejorar el acceso al tratamiento y crear empleo. No sería razonable suponer que un promotor hospitalario se enfrentaría a la misma respuesta que una empresa energética.
No obstante, el precedente noruego plantea una cuestión a la que las empresas israelíes no pueden responder consultando únicamente a las autoridades marroquíes.
La legalidad comercial puede exigir algo más que un acuerdo diplomático.
Una empresa puede obtener las autorizaciones locales y, aun así, necesitar financiación, seguros, socios o inversores cuyas políticas reflejen diferentes interpretaciones sobre el estatuto del Sáhara Occidental. Que esto suponga un obstáculo depende de la actividad y de las instituciones implicadas.
No hay pruebas fehacientes de que IMS Ovadia se haya enfrentado a tales consecuencias, y la información disponible públicamente no confirma en qué fase de ejecución se encuentra actualmente el proyecto del hospital.
Las resoluciones judiciales europeas plantean otra cuestión, aunque no regulan directamente el hospital propuesto. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó las sentencias que anulaban la aprobación por parte de la UE de acuerdos agrícolas y pesqueros que se habían extendido al Sáhara Occidental sin el consentimiento suficiente del pueblo saharaui.
Posteriormente, la Unión Europea y Marruecos negociaron un nuevo acuerdo que permite preferencias comerciales para determinados productos originarios de ese territorio, aplicado provisionalmente en octubre de 2025.
Este contraste pone de manifiesto que la legalidad comercial puede requerir algo más que un acuerdo diplomático.
En septiembre, Israel y Marruecos acordaron celebrar un acuerdo de protección de inversiones antes de que finalizara el año. Dicho tratado podría aclarar las obligaciones entre ambos gobiernos, incluyendo qué territorios e inversiones abarca.
Sin embargo, no podría obligar a un fondo de inversión noruego ni determinar cómo interpretan las instituciones europeas sus propias leyes. El anuncio público no revela cómo se aborda el Sáhara Occidental en el tratado, ni demuestra que los negociadores lo hayan pasado por alto.
Por mi experiencia en el desarrollo de medicamentos oncológicos, sé que un descubrimiento prometedor no es más que el punto de partida. Una idea debe superar los experimentos, los ensayos clínicos, la búsqueda de financiación y la revisión normativa antes de poder convertirse en un tratamiento que beneficie a los pacientes.
Lo mismo ocurre con el proceso que sigue un hospital desde su propuesta hasta convertirse en una institución en funcionamiento. Un memorándum firmado no proporciona por sí mismo un tratamiento. A este deben seguir la construcción, el personal cualificado, el equipamiento y unos servicios sostenibles.
Dadas estas necesidades prácticas, una propuesta sanitaria potencialmente beneficiosa no debería convertirse en una acusación política sin pruebas. La lección más útil es que los gobiernos y las empresas deben distinguir entre el permiso para invertir, la aceptación internacional de la inversión y los beneficios que se aportan a la población local.
El reconocimiento de la soberanía por parte de Israel puede ayudar a superar el primer obstáculo con Marruecos, pero no puede resolver los otros dos por sí solo. Para las empresas israelíes que barajan proyectos en el Sáhara Occidental, eso es motivo para realizar una evaluación cuidadosa, no un argumento en contra de la construcción de hospitales.