Hay un chiste israelí que duele porque es verdad: “En Israel hay un 30% que trabaja, un 30% que paga impuestos y un 30% que sirve en el ejército. El problema es que es el mismo 30%".
Ese chiste deja de ser gracioso cuando lo miramos a la luz de lo que significa Israel desde que se restableció en 1948. Una de las premisas fundacionales fue clara: la ley rige para todos. Esa igualdad ante la ley es el marco de garantía de una democracia plena. Por eso vimos con admiración cómo la justicia en Israel no tuvo privilegios para presidentes, primeros ministros ni figuras encumbradas. El pilar de toda democracia es el Estado de derecho. Las excepciones, siempre, terminan conduciendo a crisis.
Cuando David Ben Gurion eximió de obligaciones a pequeños grupos de judíos jasídicos y árabes contrarios a la existencia del Estado, no podía imaginar la realidad actual. Eran números marginales los primeros y los segundos afectados por el conflicto en un país que nacía peleando por sobrevivir. Hoy la demografía, las necesidades sociales y los desafíos políticos son otros. Lo que era una excepción temporal se volvió una anomalía estructural.
Y acá viene el punto: servir al país no es sinónimo exclusivo de empuñar un fusil en primera línea. Desde siempre, el tzahal se sostiene con cocineros, administrativos, chóferes, técnicos, médicos, programadores. Un ejército moderno requiere cientos de funciones que no implican combate.
No se trata de obligar a nadie a ser soldado combatiente. Se trata de exigir que todos, sin excepción, aporten los años que corresponden al Estado. Los jasídicos, los árabes y otros grupos pueden servir en hospitales, escuelas, asistencia social. Los que no pueden o no quieren combate, pueden hacerlo desde la logística, la administración, la tecnología. Pero servir.
Tzahal no es solo un ejército. Es el ejército del pueblo. Fue siempre un factor de integración brutal: el kibutznik, el inmigrante de Etiopía, el hijo de diplomáticos y el de la periferia se encuentran en el mismo pelotón. Ahí se forja el orgullo nacional y el sentido de “juntos”.
Que todos sin excepción sirvan por los años que corresponda al Estado es la mejor manera de lograr que el principio de igualdad no solo se sostenga en los derechos, sino también en las obligaciones. Una democracia no se mide solo por lo que el Estado le da al ciudadano. Se mide por lo que el ciudadano está dispuesto a darle al Estado.
Las excepciones eternas corroen el contrato social. Lo vemos en todos los países: cuando un grupo no carga con el peso, otro grupo termina llevándolo doble. Y eso, tarde o temprano, explota.
Israel llegó hasta acá porque supo entender que la supervivencia depende de la responsabilidad compartida. La realidad actual impone resolver de una vez las anomalías. Se deben encontrar los caminos políticos, sí. Pero el camino moral ya está trazado: si la ley rige para todos, las obligaciones también.
El 30% no puede seguir sosteniendo al 100%. O todos somos ese 30%, o el chiste va a terminar en tragedia.