Australia impone sanciones a cuatro organizaciones y tres personas israelíes

Canberra afirmó que “seguirá evaluando nuevas medidas” contra el Estado judío junto con sus socios internacionales.

Obras de construcción cerca de la comunidad judía de Revava, en Samaria, el 28 de septiembre de 2010. Foto: Wagdi Ashtiyeh/Flash90.
Obras de construcción cerca de la comunidad judía de Revava, en Samaria, el 28 de septiembre de 2010. Foto: Wagdi Ashtiyeh/Flash90.

Australia impuso el miércoles por la mañana sanciones a cuatro organizaciones y tres personas israelíes a las que la ministra de Exteriores australiana Penny Wong acusó de participar en la “expansión ilegal de asentamientos y abusos de derechos humanos contra los palestinos” en Judea y Samaria.

Según explicó la ministra en un comunicado, el objetivo de las sanciones es impedir acciones que acabarían con la posibilidad de una solución de dos Estados.

Los ciudadanos australianos que violen las sanciones se exponen a penas de hasta diez años de prisión y multas de hasta 910 mil dólares australianos (unos 612 mil dólares estadounidenses) o el triple del valor de la transacción en cuestión, mientras que las empresas australianas pueden recibir multas de hasta 3.64 millones de dólares australianos (unos 2.45 millones de dólares estadounidenses) o el triple del valor de la transacción.

De acuerdo con el comunicado, es la primera vez que Australia sanciona a una empresa constructora israelí.

El texto señala además que “estas medidas (se toman) en coordinación con socios internacionales” y que “juntos, seguiremos evaluando nuevas medidas”.

Las tres personas sancionadas en virtud del Reglamento de Sanciones Autónomas de 2011 de Australia son Daniella Weiss, Itamar Yehuda Levi y Eliav Libi, mientras que las cuatro organizaciones incluidas en la lista negra son Amana, el Movimiento Nachala, Hashomer Yosh y la empresa Eyal Hari Yehuda Company Ltd.

Weiss es una figura destacada del movimiento de asentamientos israelí, exalcaldesa de Kedumim, en Samaria, y fundadora de Nachala, un grupo que promueve la anexión de Judea y Samaria y de la Franja de Gaza.

Levi es el dueño de la firma Eyal Hari Yehuda y está sancionado por varios países, entre ellos Estados Unidos, cuyo gobierno de Biden lo sancionó en 2024, aunque el presidente Donald Trump revocó esas sanciones al año siguiente.

Por su parte, Libi, copropietario de una empresa constructora, ayudó a financiar la Asociación de Granjas, que busca regularizar las granjas agrícolas israelíes en Judea y Samaria, según Ynet, y también está sancionado por el Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá.

Las personas incluidas en la decisión australiana se suman a otros siete israelíes que Australia incluyó en su lista negra en julio de 2024.

En ese momento, Wong afirmó que el gobierno laborista australiano había “impuesto sanciones financieras selectivas al estilo Magnitsky y prohibiciones de viaje a siete personas israelíes, y sanciones financieras selectivas a una entidad, por su participación en la violencia de colonos contra palestinos”.

Además, agregó que su gobierno “ha sido firme y coherente en que los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales según el derecho internacional y un obstáculo importante para la paz”.

Israel impulsará contramedidas contra el Reino Unido

El martes, el ministro de Exteriores israelí Guideón Saar prometió contramedidas en respuesta a las nuevas sanciones anunciadas por el gobierno laborista británico, a las que calificó de “un acto hostil contra empresas privadas que cumplen la ley”.

“Israel no se doblegará ante la presión externa ni cambiará sus políticas por ello”, escribió Saar, y señaló que Jerusalén evaluará nuevas formas de fortalecer las comunidades judías de Judea y Samaria y actuará para proteger a quienes participan en el desarrollo y la construcción de Israel, de acuerdo con las decisiones del gobierno.

“El pueblo judío tiene derecho a vivir en su patria histórica. Los derechos históricos del pueblo judío en Judea y Samaria se remontan a miles de años y fueron reconocidos, entre otros, en la Declaración Balfour y en el Mandato Británico”, afirmó, y agregó que las decisiones se anunciarán “a su debido tiempo”.

El martes, el Reino Unido impuso sanciones a ocho empresas israelíes de construcción y desarrollo inmobiliario que operan en Judea y Samaria, así como a Tzav 9, un grupo de activistas acusado de obstaculizar el envío de ayuda humanitaria a Gaza, con medidas que incluyen el congelamiento de activos y la inhabilitación de directivos.

El ministro de Exteriores británico Ed Miliband afirmó que las medidas buscan contribuir a preservar una futura solución de dos Estados.

Según Londres, el objetivo es cortar el financiamiento de la construcción en Judea y Samaria, en particular antes de los plazos de licitación vinculados al proyecto de desarrollo E1, cerca de Maalé Adumim, ya que sostiene que construir allí socavaría la viabilidad territorial de un futuro Estado palestino.

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