El Gobierno de Australia reconoció formalmente un “Estado de Palestina” el 21 de septiembre de 2025. Un año después, debemos preguntarnos: ¿qué logró ese reconocimiento?
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que el reconocimiento se basaba en compromisos de la Autoridad Palestina: reconocer el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, celebrar elecciones democráticas, desmilitarizarse y reformar la gobernanza, las finanzas y la educación.
El gobierno también fue tajante en que Hamás “no debe tener ningún papel en Palestina”.
Un año después, el avance de esos compromisos merece ser examinado.
La Autoridad Palestina no celebra elecciones presidenciales desde 2005. Las instituciones políticas palestinas siguen siendo muy inestables y persisten las dudas sobre la gobernanza, la educación, la transparencia financiera y la aplicación de las reformas prometidas.
El polémico programa palestino de “pagar por matar” es un ejemplo importante. Este programa paga salarios a presos terroristas palestinos y a sus familias.
Muchos consideran, con razón, que incentiva la violencia terrorista. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, firmó en febrero de 2025 un decreto que reemplazó el sistema anterior por un modelo de asistencia social basado en la necesidad.
Sin embargo, algunos críticos, entre ellos Israel, cuestionan que esas reformas hayan puesto fin realmente a los pagos.
Hay otro contraste llamativo: por segundo año consecutivo, Estados Unidos le negó a Abbas la visa para asistir a la Asamblea General de la ONU y amplió las restricciones a funcionarios palestinos, una decisión que la Autoridad Palestina condena.
En otras palabras, Australia se apoyó en los compromisos de Abbas y de la Autoridad Palestina para justificar el reconocimiento de Palestina, mientras su principal aliado estratégico le prohibía la entrada a Estados Unidos.
Desde el 7 de octubre, Australia ha destinado más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Gaza. Los australianos tienen derecho a saber adónde fue ese dinero, qué salvaguardas impiden que se desvíe y qué han determinado las auditorías sobre sus destinatarios finales. Reconocer no debería significar aceptar promesas sin exigir pruebas de que se cumplieron.
Además, hubo una señal de alarma que el gobierno difícilmente pudo haber pasado por alto: Hamás, que Australia considera una organización terrorista, celebró la decisión australiana.
Eso no significa que el Gobierno de Australia apoye a Hamás. Albanese y la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, han dicho en reiteradas ocasiones que Hamás debe ser desarmado y excluido del gobierno palestino.
Pero cuando Hamás celebra una decisión de política exterior australiana, los australianos tienen derecho a preguntar por qué.
Desde entonces, el contexto interno se ha oscurecido enormemente.
Desde el 7 de octubre, Australia ha visto manifestaciones con símbolos y discursos extremistas, junto con un aumento alarmante del antisemitismo. Luego, el 14 de diciembre de 2025, la primera noche de Janucá, dos terroristas armados, padre e hijo, asesinaron a 15 personas en la playa Bondi.
Desde el atentado de Bondi, el director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), Mike Burgess, ha advertido sobre un panorama de seguridad inquietante. Según informes, los organismos australianos han frustrado cuatro grandes complots terroristas y otras 16 amenazas graves.
Nadie sugiere que el reconocimiento de Palestina haya causado la masacre de Bondi. Sin embargo, los gobiernos son responsables de la seguridad nacional y de cómo responden cuando los conflictos en el exterior se convierten en odio dentro del país.
El reconocimiento no debería implicar aceptar promesas sin exigir pruebas de que se han cumplido.
La coherencia también importa.
Wong ha condenado en reiteradas ocasiones las acciones del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Australia ha negado o cancelado visas a figuras políticas israelíes y a varios oradores.
Esto plantea dudas sobre si se aplican criterios equivalentes, de forma coherente, a oradores extremistas de otras corrientes ideológicas.
El Gobierno de Australia ha concedido casi 3 mil visas a palestinos desde el 7 de octubre. El Departamento del Interior sostiene que los solicitantes pasan controles de seguridad y de antecedentes.
Dada la dificultad de verificar identidades y antecedentes en una zona de guerra controlada durante años por Hamás, los australianos tienen derecho a examinar esos procesos y a preguntar cómo se detectan los riesgos de seguridad.
Surgen preguntas similares sobre las mujeres y los niños australianos que regresan tras haber vivido voluntariamente bajo el Estado Islámico.
El gobierno afirma que la ciudadanía limita de manera significativa su capacidad de impedir su regreso, pero siguen abiertas las dudas sobre las evaluaciones de riesgo y el seguimiento de seguridad.
Por otra parte, la hostilidad del gobierno hacia Netanyahu no sorprende y tiene una larga historia.
En 2000, por ejemplo, Albanese encabezó protestas críticas con Israel cuando el país estaba gobernado por el gobierno de centroizquierda de Ehud Barak. Por lo tanto, usar a Netanyahu como excusa para aplicar políticas hostiles hacia Israel es claramente absurdo.
Wong sostiene que Australia condena a Hamás, apoya el derecho de Israel a existir y considera que la solución de dos Estados es el único camino sostenible hacia la paz. Vale la pena preguntarse si sus acciones son coherentes con esto o si simplemente reflejan una política exterior hostil hacia Israel y el sionismo.
La respuesta parece ser lo segundo.
Además, el reconocimiento no supera un obstáculo fundamental: Hamás rechaza el derecho de Israel a existir, y otras facciones palestinas siguen siendo hostiles a una convivencia permanente. Los defensores de la solución de dos Estados sostienen que la creación de un Estado palestino y la reforma institucional ofrecen una salida al conflicto.
Los críticos, en cambio, consideran que hoy no existen las condiciones políticas y de seguridad necesarias para que haya dos Estados en paz.
El reconocimiento australiano se presentó como una contribución práctica a la paz. Por eso, su primer aniversario merece algo más que palabras protocolares. Merece una rendición de cuentas.
¿Qué reformas prometidas por la Autoridad Palestina se han aplicado? ¿Qué verificación independiente existe sobre la reforma financiera y los pagos a los presos? ¿Qué avances hubo hacia la desmilitarización? ¿Cómo se excluirá de forma permanente a Hamás del gobierno? ¿Qué aporte concreto y medible ha hecho el reconocimiento australiano a la paz y la seguridad? ¿Cuándo se celebrarán elecciones verdaderamente democráticas?
Son preguntas válidas para todos los países que hace un año reconocieron una “Palestina” inexistente.
Este año se dio una coincidencia conmovedora: el primer aniversario del reconocimiento cayó en Yom Kipur, un día dedicado a la reflexión, el arrepentimiento y la rendición de cuentas.
El principio de examen honesto de uno mismo que propone esta festividad es uno que todo gobierno debería adoptar al pensar qué clase de país quiere dejar a las generaciones futuras.
Un año después del reconocimiento, Albanese, Wong y su gobierno deberían revisar los supuestos en los que basaron su decisión. Deberían tener en cuenta la realidad posterior y las decisiones que contribuyeron a llevar el antisemitismo a niveles sin precedentes bajo cualquier otro gobierno.
Si la Autoridad Palestina ha llevado adelante las reformas que Australia esperaba, el gobierno debería identificarlas y aportar pruebas de que se concretaron. Si no lo ha hecho, los australianos merecen saber qué consecuencias habrá.
También merecen saber por qué, en julio, Australia comprometió otros 25 millones de dólares en ayuda a los palestinos si esas condiciones no se han cumplido.
Por encima de todo, la vida de los judíos australianos nunca debe convertirse en un juego de ruleta.