La Autoridad Palestina ha subido el listón en su campaña de “guerra jurídica” contra Israel, al anunciar este verano la creación de un organismo destinado exclusivamente a canalizar “pruebas” de supuestos crímenes israelíes ante la Corte Penal Internacional y otros foros jurídicos, según reveló este mes un grupo de vigilancia con sede en Jerusalén.
El Centro Nacional de Seguimiento Palestino contará con unos 65 empleados que recorrerán Judea y Samaria y la Franja de Gaza en busca de pruebas contra Israel, según declaró el director del Centro de Medios de la Autoridad Palestina, Muhammad Abu al-Rub, a Palestine TV el 16 de agosto.
“El centro de vigilancia será en el futuro una fuente central para la labor del equipo nacional especializado en delitos que entran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, según un comunicado del 29 de julio publicado en la página web de la Autoridad Palestina.
La existencia del centro fue revelada por Palestinian Media Watch (PMW), un grupo de investigación que supervisa a la Autoridad Palestina y a la sociedad palestina.
Los palestinos podrán subir a la página web del centro testimonios personales sobre violaciones de derechos que presuntamente hayan presenciado. Los testimonios se recopilarán y se prepararán para su presentación ante instancias jurídicas internacionales, como la CPI. “Los casos, los datos y los testimonios” se convertirán en “informes de derechos humanos, expedientes jurídicos, estudios, mapas e indicadores fiables” que se utilizarán contra Israel en los tribunales internacionales, según indica la página web del centro.
El fundador y director de PMW, Itamar Marcus, declaró a JNS: “El hecho de que cualquiera de los tres millones de palestinos pueda subir a este sitio web las llamadas pruebas que se enviarán a la CPI debería invalidar de antemano todas las alegaciones de la Autoridad Palestina”.
La Autoridad Palestina “miente sistemáticamente… para demonizar a los israelíes”, afirmó, lo que hace “imposible imaginar” que los palestinos, que se han tragado estas calumnias, digan la verdad, añadió Marcus. Entre los ejemplos especialmente atroces difundidos a través de los canales oficiales de la Autoridad Palestina que citó, se encuentra la acusación de que Israel ha creado “superratas” mediante ingeniería genética para propagar el sufrimiento y las enfermedades entre los palestinos, y que ha desenterrado a propietarios palestinos fallecidos, les ha cortado los dedos y ha utilizado sus huellas dactilares para falsificar contratos de venta de tierras a judíos.
“Cuando este es el tipo de calumnias horribles que provienen de los dirigentes, podemos estar seguros de que todo el expediente de las llamadas pruebas que envían a la CPI tanto los dirigentes como la población en general carece por completo de valor”, afirmó Marcus.
A pesar de que la Autoridad Palestina sigue lanzando acusaciones descabelladas contra Israel, el centro de seguimiento expresó su labor en un lenguaje altisonante; en su página de inicio, el centro describe sus objetivos como “proteger las pruebas y la memoria nacional”, “apoyar la justicia y exigir la rendición de cuentas” y “construir una autoridad palestina, independiente, fiable y sostenible”.
PMW, que lleva tiempo recopilando información sobre los contactos de la Autoridad Palestina con la CPI, se enteró de la existencia del centro a raíz de los comentarios de Abu al-Rub en Palestine TV a mediados de agosto. A continuación, PMW localizó el anuncio original de la Autoridad Palestina sobre el centro, con fecha del 29 de julio.
PMW elaboró un informe, que incluía información sobre el centro, y lo presentó al Departamento de Estado de EE. UU. durante la semana del 7 de septiembre.
El 16 de septiembre, el Departamento de Estado anunció que ampliaba “las sanciones que deniegan visados a los miembros de la OLP y a los funcionarios de la Autoridad Palestina”, citando, entre otras razones, las “acciones de la Autoridad Palestina para internacionalizar el conflicto israelo-palestino, incluso a través de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
El efecto más inmediato de la medida del Departamento de Estado fue impedir que los delegados de la Autoridad Palestina asistieran al debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra actualmente en la ciudad de Nueva York.
La Administración Trump se muestra hostil hacia la CPI, a la que considera una entidad globalista que intenta imponer su voluntad a países fuera de su jurisdicción. Aunque ni Israel ni EE. UU. son signatarios del tratado que creó la CPI, la corte ha actuado como si tuviera jurisdicción sobre ellos.
En 2020, el tribunal dictaminó que su fiscal jefe podía investigar a las fuerzas estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán. En 2024, dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Galant.
El 6 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó el Decreto Ejecutivo 14203, “Imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional”, por el que se imponían “consecuencias tangibles y significativas” a los funcionarios de la CPI y a quienes colaboraran con ella para emprender acciones legales acosadoras contra “Estados Unidos, Israel o cualquier otro aliado de Estados Unidos que no haya consentido la jurisdicción de la CPI”.
La Autoridad Palestina desempeñó un papel fundamental a la hora de allanar el camino para las órdenes de detención contra los líderes de Israel, instando a la Corte en 2018 a investigar a Israel por “crímenes pasados, presentes y futuros”, y defendiendo en 2024 la jurisdicción de la CPI —o su derecho— a emitir dichas órdenes.
Entre las consecuencias enumeradas en la orden ejecutiva de Trump para las personas extranjeras que apoyen las acciones de la CPI se encuentra la suspensión de su entrada a los EE. UU.
