Sarah Golabek-Goldman, abogada de un estudiante judío ortodoxo que, según se afirma, sufrió acoso antisemita —incluida una amenaza de bomba— mientras cursaba estudios en un instituto público de un condado de Maryland con una elevada población judía, quiere que los estudiantes sepan que tienen derecho a pedir ayuda a las fuerzas del orden y a los abogados.
“Si existe un peligro inmediato, deben llamar directamente al 911", declaró a JNS Golabek-Goldman, directora de iniciativas jurídicas del Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos ante la Ley.
Las familias de las víctimas “deben esperar que los centros educativos se tomen las amenazas en serio y recurran a las fuerzas del orden cuando sea necesario”, afirmó. “Pero no deben dar por sentado que una denuncia presentada en el centro educativo llega automáticamente a la policía”.
Una investigación policial tampoco “sustituye a la responsabilidad del centro educativo de hacer frente al acoso y proteger el acceso del alumno a la educación”, explicó a JNS. “Son procesos independientes”.
Golabek-Goldman habló con JNS el martes, después de que el Centro Brandeis presentara el 15 de octubre una denuncia federal por violación de los derechos civiles en la que se alegaba que las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery —el distrito más grande de Maryland, con más de 150 mil alumnos repartidos en más de 200 centros— no habían abordado el acoso sufrido por el alumno, que se graduó en el instituto Montgomery Blair en junio.
Este condado, con una importante presencia judía, alberga aproximadamente al 45% de los judíos del estado.
Golabek-Goldman explicó a JNS que los alumnos deben “guardar los mensajes y las capturas de pantalla” para conservar las pruebas y que pueden solicitar asistencia jurídica antes de que el centro educativo concluya la investigación. “Tienen que poder contárselo a un adulto de confianza y denunciar por escrito al centro educativo el acoso específico que han sufrido, explicando qué ocurrió, quiénes estuvieron involucrados y cómo estaba afectando a su seguridad o a su capacidad para aprender”, aconsejó.
“Deben solicitar medidas de protección concretas y hacer un seguimiento, pero deben saber siempre que también cuentan con un aliado en el Centro Brandeis, y que pueden acudir a nosotros, ya que estamos aquí para apoyarles”, afirmó.
El miedo a las represalias impide que muchos estudiantes judíos denuncien el acoso, señaló. Su cliente mantiene el anonimato por ese motivo: el temor a ser castigado por denunciar el odio hacia los judíos.
“Por desgracia, en todo el condado de Montgomery, los estudiantes —especialmente los judíos— y sus familias se enfrentan a un grave antisemitismo”, afirmó Golabek-Goldman. “Creo que es muy importante que estos estudiantes sepan que estas leyes de derechos civiles incluyen específicamente protecciones contra las represalias”.
Los padres de su cliente solicitaron ayuda en repetidas ocasiones a la escuela y al distrito, explicó a JNS. Le preocupan los estudiantes que carecen de ese apoyo y también cree que “la responsabilidad no debería recaer siempre en los niños judíos”. “La escuela y el distrito deben tomar medidas proactivas y garantizar que cumplen con la ley”, declaró a JNS.
Golabek-Goldman rechazó la sugerencia de que los alumnos visiblemente judíos, como su cliente, que llevaba kipá y tzitzit, debieran cambiarse a colegios privados judíos para escapar del acoso. “Los judíos no deberían tener que enfrentarse a lo que yo llamo el ‘impuesto judío’ y pagar más dinero para ir a un colegio privado, solo porque temen por su seguridad”, declaró Golabek-Goldman a JNS. “Ningún alumno debería tener que elegir entre ir al colegio y estar a salvo, y ningún niño debería tener que elegir entre expresar su religión y su seguridad”. “La libertad religiosa es un principio fundamental de Estados Unidos”, añadió. “Los colegios que reciben fondos federales deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos civiles para con los alumnos judíos”.
