Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) podrían comenzar a visitar a los presos palestinos de seguridad a partir del miércoles, tras una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Israel del 3 de junio, informó el lunes el Canal 12 de noticias israelí.
La decisión revocó una orden de octubre de 2025 del ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, que prohibía las visitas de representantes de la Cruz Roja por motivos de seguridad. La Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) había informado al Ministerio de Defensa que el personal de la Cruz Roja podría transmitir información a terroristas encarcelados.
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, expresó su enfado por el fallo en una publicación en X el lunes.
“La directiva del Tribunal Superior de Justicia que permite las visitas a terroristas encarcelados por primera vez desde el 7 de octubre constituye un golpe directo a la capacidad de disuasión de la seguridad de Israel”, dijo, refiriéndose a la invasión del sur de Israel liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023. “La realidad en materia de seguridad es clara: una disminución de aproximadamente el 75% en los ataques, y esto, según el Shin Bet, se debe en parte a la reforma de las condiciones de los terroristas en prisión”, continuó.
Ben-Gvir se refirió al Resumen Anual de 2025 publicado por el Shin Bet en enero, que muestra una fuerte disminución de los ataques terroristas graves en Judea y Samaria y Jerusalén, hasta llegar a 54 incidentes frente a los 231 de 2024.
“Lamentablemente, el Tribunal Superior de Justicia sirve constantemente como instancia para las apelaciones del enemigo, y como dijo el juez [Yitzhak] Amit a los peticionarios con respecto a la entrada de mercancías en Gaza: ‘Este tribunal se pone a su servicio’”, escribió Ben-Gvir.
En un intento por bloquear la decisión del tribunal, el partido de Ben-Gvir presentó un proyecto de ley para prohibir legalmente la entrada de representantes de la Cruz Roja a las cárceles israelíes. El proyecto no logró ser aprobado en la Knéset el 30 de junio, cuando los socios ultraortodoxos de la coalición se negaron a apoyarlo, indignados por la incapacidad del gobierno para aprobar un proyecto de ley de exención para los estudiantes de yeshivá.
En su decisión del 3 de junio, el Tribunal Superior afirmó que el gobierno no había presentado fundamento jurídico alguno para su decisión de prohibir las visitas de la Cruz Roja, a pesar de haber tenido numerosas oportunidades para hacerlo. La jueza Daphne Barak-Erez escribió: “A lo largo del litigio, los demandantes presentaron una sólida base jurídica para sus argumentos, fundamentada en el derecho israelí e internacional. En cambio, a pesar de las reiteradas oportunidades que se le brindaron, el Estado evitó basar la política que implementó en marcos jurídicos claros”.
Oenegés israelíes de extrema izquierda presentaron la petición ante el tribunal en febrero de 2024, exigiendo que se permitiera a la Cruz Roja visitar a los presos árabes de Gaza y Judea y Samaria. Estas eran la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, HaMoked, Médicos por los Derechos Humanos-Israel y Gisha.
