La fundación Open Society Foundations, respaldada por George Soros, está asumiendo la causa de organizaciones que buscan obligar a Francia a boicotear las empresas israelíes en Jerusalén Este y Judea y Samaria.
Cinco entidades que se identifican como organizaciones de derechos humanos presentaron el miércoles una demanda ante el máximo tribunal administrativo de Francia solicitando que se ordene al gobierno que “impida las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento” de la presencia de Israel más allá de la llamada Línea Verde, que se estableció como línea de armisticio en 1949 después de que fracasara la guerra árabe contra el naciente estado de Israel.
El Centro Internacional para la Justicia de los Palestinos, Law for Palestine, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación de Juristas para el Respeto del Derecho Internacional y la Liga de los Derechos del Hombre citan una opinión no vinculante de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 y una resolución posterior no vinculante de la Asamblea General de las Naciones Unidas que afirma que la presencia de judíos más allá de la Línea Verde es ilegal y debe ser eliminada.
La CIJ es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene su sede en La Haya.
Las cinco organizaciones habían presentado previamente una notificación a varios ministerios del gobierno francés solicitando que se atendiera su demanda, pero no recibieron respuesta.
El gobierno francés declaró en septiembre de 2025 que reconocía un Estado palestino y vota regularmente en contra de Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, ha respaldado la política de la Unión Europea de diferenciar entre los productos fabricados dentro de las fronteras de Israel, reconocidas internacionalmente, y los producidos en Jerusalén Este y otros territorios en disputa.
Francia también ha impuesto sanciones contra israelíes, entre ellos el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en parte por actividades realizadas en esos territorios.
Las organizaciones están pidiendo al tribunal que cree una lista negra de empresas que hacen negocios en las comunidades judías más allá de la Línea Verde y que prohíba a los ciudadanos franceses hacerlo, lo que incluye mantener inversiones en las empresas participantes y congelar activos como sanción.
Los demandantes están siendo asesorados por Open Society Justice Initiative, que es una extensión de Open Society Foundations, una organización antiisraelí.
“La Corte Internacional de Justicia no dejó lugar a dudas de que los Estados no pueden permanecer al margen cuando se enfrentan a obligaciones legales”, declaró James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative. “El derecho internacional solo tiene fuerza si los Estados están dispuestos a aplicarlo en la práctica”.
