En las últimas semanas, el documental NAZA, de los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, ha sido objeto de polémica en Israel. Según las informaciones, se basa en parte en testimonios anónimos de soldados y personal de los servicios de inteligencia, y plantea graves acusaciones sobre las decisiones relativas a los objetivos en Gaza y los daños causados a la población civil.
No he visto la película y no pretendo criticar escenas que no he visto ni testimonios que no he escuchado. Sin embargo, puedo escribir sobre lo que significa NAZA y lo que ocurre tras el proceso que describe.
Lo hago no como investigador externo, sino como alguien que participó en docenas de debates en los que los daños colaterales previstos eran fundamentales a la hora de decidir si un ataque se aprobaría, se modificaría, se retrasaría o se cancelaría.
Antes de pasar a la terminología militar y jurídica, imagínate en el lugar de quien toma las decisiones. Información de inteligencia fiable indica que un agente terrorista, en una casa de tu ciudad, está dirigiendo a un terrorista suicida que ya se dirige hacia un centro comercial abarrotado y espera la orden definitiva. La esposa y los hijos del agente también se encuentran en el interior. No son objetivos. Una incursión terrestre podría capturarlo, pero también podría alertarlo y darle tiempo para enviar al terrorista suicida hacia adelante. Un ataque aéreo podría matarlo, pero también podría matar a su familia. Esperar conlleva sus propios riesgos.
¿Cuál es la decisión moral? No hay una respuesta clara
No todas las decisiones sobre objetivos se plantean así, pero el dilema es real: actuar, retrasar la acción o no actuar pueden acarrear costes humanos. Precisamente por eso existen las leyes del conflicto armado y por eso un proceso de toma de decisiones precede a un ataque.
NAZA, un acrónimo hebreo utilizado por las Fuerzas de Defensa de Israel que deriva de la expresión nezek agavi (daños colaterales), no es un permiso para causar daño a civiles ni una cuota que establezca “cuántos civiles pueden morir”. Se trata de una evaluación del daño no intencionado que se prevé que un ataque contra un objetivo militar cause a civiles y a bienes civiles. Los comandantes deben sopesar esa evaluación a la hora de determinar la proporcionalidad, las posibles precauciones y, en ocasiones, si conviene llevar a cabo el ataque.
Preguntas que surgieron en la sala
Durante mi servicio en las FDI, ocupé varios cargos en la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) y participé en docenas de debates relacionados con la selección y aprobación de objetivos.
También presté servicio como oficial de la COGAT durante la Operación Plomo Fundido (2008-09), la Operación Pilar de Defensa (2012) y la Operación Borde Protector (2014) en Gaza. La tensión que describo no era teórica. Formábamos parte de un sistema que permitía a las FDI actuar contra organizaciones terroristas, al tiempo que coordinábamos el desplazamiento de los vehículos de la Cruz Roja, la evacuación de heridos y el traslado de pacientes desde Gaza a Israel para que recibieran atención médica continuada. Ambas cosas ocurrían al mismo tiempo. La guerra no se divide claramente en un ámbito “operativo” y otro “humanitario”.
Por razones de seguridad, no puedo describir objetivos específicos ni el proceso completo de aprobación. Puedo describir las preguntas que surgían repetidamente en la sala.
Un ataque no comienza cuando un avión despega. Mucho antes de eso, los profesionales examinan qué convierte a un objetivo en objetivo militar, qué ventaja militar se espera obtener al atacarlo, quién puede encontrarse cerca y cómo se puede reducir el riesgo para la población civil.
La investigación no termina con la identificación de un depósito de armas, un puesto de mando, una instalación de producción o un agente concreto. El entorno es importante. ¿Se encuentra el objetivo junto a viviendas, una escuela, tiendas u otra instalación civil? ¿Qué estructuras cercanas podrían verse afectadas? ¿Qué munición es la adecuada? ¿Desde qué dirección debe llevarse a cabo el ataque? ¿A qué hora es menor el riesgo para la población civil?
La guerra no se divide claramente entre un ámbito “operativo” y otro “humanitario”.
Recuerdo debates en los que no había ninguna duda de que el objetivo era legítimo desde el punto de vista militar. La cuestión era cuándo atacarlo. Si había demasiados civiles ajenos al conflicto en las inmediaciones, una opción era esperar. A veces, no se atacaba un objetivo que ya había sido aprobado porque aún no se habían cumplido las condiciones para la ejecución.
Desde fuera, eso puede parecer obvio. En la guerra, no lo es. Esperar puede permitir que un terrorista se marche, que se trasladen las armas o que se pierda una oportunidad operativa. Sin embargo, eso es lo que significa que el daño civil previsto forme parte de la decisión, en lugar de ser una explicación ofrecida a posteriori.
El método de ataque tampoco está necesariamente fijado. Participé en debates en los que el plan cambió debido a un edificio cercano, a la presencia de civiles o a la valoración de que el método propuesto podría causar daños excesivos en los alrededores del objetivo. La cuestión no era simplemente “atacar o no atacar”. A veces, la respuesta consistía en cambiar el momento, el método o la munición para lograr el mismo objetivo militar con menos riesgo.
Otro punto crucial es que la aprobación de un objetivo no supone una autorización automática para pulsar el botón bajo ninguna circunstancia. Pueden pasar horas o más entre la planificación y la ejecución. La gente entra y sale de los edificios. Pueden aparecer niños donde antes no había ninguno. La información de inteligencia puede cambiar. Incluso después de que un objetivo haya superado la cadena de aprobación, la pregunta final puede ser sencilla: ¿Siguen las condiciones que vemos ahora coincidiendo con aquellas en las que se aprobó el ataque?
Al evaluar la proporcionalidad y las precauciones, fui testigo de situaciones en las que no era así. Un cambio en la presencia de civiles, en el entorno circundante o en la información disponible podía significar que el ataque no se llevaría a cabo según lo previsto. El tiempo ya invertido en la planificación no hacía que la ejecución fuera automática.
Los escudos humanos también deben entenderse con precisión. Una organización terrorista que utiliza deliberadamente a civiles para proteger actividades militares viola las leyes de la guerra. Pero eso no convierte a esos civiles en objetivos militares. Su presencia debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar la proporcionalidad y las precauciones.
Aquí hay una paradoja. Para alguien que no esté familiarizado con la toma de decisiones militares, estimar cuántos civiles pueden resultar afectados puede dar la impresión de que los militares están asignando un precio a la vida humana. Según mi experiencia, la lógica es precisamente la contraria. El daño a la población civil se evalúa precisamente porque los civiles no son el objetivo y porque sus vidas deben formar parte de la decisión.
Nada de esto significa que la guerra sea aséptica. Los civiles pueden morir incluso cuando las fuerzas armadas atacan un objetivo legítimo, aplican precauciones y actúan dentro de la legalidad. Esa es una de las grandes tragedias de la guerra, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas donde las organizaciones terroristas operan entre la población civil.
Tampoco significa nada de esto que un gran ejército que libra una guerra prolongada no pueda cometer errores, sufrir fracasos o enfrentarse a casos en los que el personal infrinja las órdenes o la ley. Parte del sistema es la obligación de examinar los incidentes excepcionales y aprender de ellos. Durante la Operación Borde Protector, las FDI activaron un mecanismo de investigación del Estado Mayor para examinar incidentes excepcionales; ese mecanismo sigue activo en la guerra actual.
Existen mecanismos para extraer lecciones
La rendición de cuentas también puede tener consecuencias personales. Tras el ataque de abril de 2024 que causó la muerte de siete trabajadores de World Central Kitchen, una investigación de las FDI detectó graves fallos en la identificación y la toma de decisiones, y concluyó que el ataque infringió el procedimiento. Dos oficiales fueron destituidos de sus cargos y se amonestó a altos mandos.
Ese caso no demuestra que el sistema funcione siempre. Demuestra algo diferente: cuando falla, existen mecanismos para determinar por qué, extraer lecciones y, cuando proceda, imponer consecuencias. Existe, por lo tanto, una diferencia fundamental entre argumentar que se produjeron errores, infracciones o juicios erróneos en casos concretos y considerar la mera existencia de una evaluación de daños colaterales como prueba de indiferencia hacia la vida civil.
A la hora de juzgar un ataque militar, el resultado por sí solo no cuenta toda la historia. Las muertes de civiles son dolorosas y tienen graves consecuencias. Pero para comprender si una decisión fue lícita y proporcionada, también hay que preguntarse qué sabía el responsable de la decisión en ese momento, cuál era el objetivo militar, qué ventaja se esperaba obtener, qué daños a la población civil se podían haber previsto razonablemente, qué alternativas existían y qué se hizo para reducir esos daños.
Existe una diferencia esencial entre juzgar una decisión tras ver sus consecuencias y juzgarla basándose en la información disponible en el momento en que hubo que tomarla. Esas cuestiones son más difíciles de plasmar en un titular o en una imagen impactante, pero son las preguntas que los mandos deben plantearse antes de dar la orden de atacar.
Yo estuve allí. Me senté en salas donde se planteaban esas preguntas, donde los profesionales las debatían y donde la respuesta a veces no era “atacar”, sino “todavía no”, “no de esta forma” o “ahora no”.
Eso es lo que quiero que el público comprenda: el NAZA no es una luz verde para los daños colaterales; es un mecanismo diseñado para limitarlos.