La polémica pública que rodea al proyecto de ley propuesto por la Knéset, “Ley Fundamental: Estudio de la Torá”, ya no es solo un debate religioso o social; es una rotunda acusación contra el sistema político israelí.
La ley pretende establecer -al más alto nivel constitucional- que el estudio de la Torá es un valor supremo equivalente al servicio militar. En la práctica, constituye una justificación legal para incorporar una exención total del servicio militar obligatorio a la comunidad haredí directamente en las leyes fundamentales, con el fin de eludir las sentencias del Tribunal Supremo e impedir cualquier posibilidad de reparto equitativo de la carga.
Los israelíes están atrapados en un círculo vicioso en el que, por un lado, el sistema judicial muestra un activismo decidido, mientras que, por otro, un gobierno que depende de los partidos haredíes está completamente paralizado.
Este punto muerto no se debe a la malicia ni a la falta de liderazgo.
Estoy completamente convencido de que, bajo un sistema presidencial, el primer ministro Benjamin Netanyahu jamás habría apoyado una ley así. Estoy igualmente seguro de que ni siquiera él la considera una ley correcta, justa o apropiada para el Estado de Israel. Pero bajo el actual sistema parlamentario, el juicio del primer ministro se ve inevitablemente distorsionado por su desesperado deseo de sobrevivir en la coalición. Quien necesite a los partidos indecisos para mantenerse en el poder cederá ante ellos a cualquier precio; de lo contrario, su gobierno caerá. En este caso, además, Netanyahu bien podría perder su alianza estratégica con los partidos haredíes a manos de la oposición.
Este tipo de extorsión es una bomba de tiempo demográfica y económica
La Ley Fundamental: El estudio de la Torá no es solo un logro sectorial para los partidos haredíes. Es también un pago estratégico por adelantado destinado a consolidar su posición antes de la formación del próximo gobierno. Al fijar su exención de estudios a nivel de ley fundamental, cambian por completo el punto de partida para futuras negociaciones. Garantizan que cualquier posible primer ministro, de derecha o de izquierda, se verá obligado a aceptar esta extorsión como un hecho consumado. Todo el país pagará las consecuencias.
No tengo nada en contra del estudio de Torá, todo lo contrario. Reconozco que la Torá ha preservado al pueblo judío durante miles de años y es el fundamento de nuestra existencia. Apoyo que la comunidad haredí participe plenamente en la determinación de los tipos de servicio que necesitaremos, que no necesariamente tienen que ser militares, y lo mismo aplica para los ciudadanos árabes.
Pero este proyecto de ley no puede definirse de otra manera que como extorsión. Y este tipo de extorsión es una bomba de tiempo demográfica y económica: para 2025, solo el 40% de los alumnos israelíes de primer grado estudian en el sistema educativo laico del Estado. Según las previsiones, se espera que el sector haredí represente el 41% de los jóvenes en edad de servicio militar obligatorio para 2050. Otorgar un cheque en blanco constitucional a la idea de que “la Torá es su oficio” a tal escala significa el colapso total de la economía.
La amenaza estructural es aún más grave: a medida que crece la proporción de judíos ultraortodoxos en la población, también lo hará su poder político y el número de escaños que ostentan en la Knéset. Si esperamos, la futura Knéset quedará completamente estancada. Ninguna coalición tendrá la mayoría política necesaria para cambiar el statu quo, y los partidos sectoriales ejercerán un veto permanente sobre el futuro del país. El temor generalizado a este futuro a largo plazo tiene fundamentos reales.
Debemos reconocer una verdad innegable: nuestro sistema simplemente no funciona. La estructura parlamentaria actual se ha agotado y se ha convertido en un mecanismo disfuncional que otorga un poder desproporcionado a los grupos minoritarios. Incluso los partidos de la oposición podrían terminar pagando un precio altísimo a los partidos ultraortodoxos u otros partidos indecisos mediante leyes que resultan muy costosas para la sociedad israelí.
Nuestro sistema coarta la autoridad, frustra la voluntad de la mayoría y obliga a todo el país a servir a intereses sectoriales estrechos a costa de nuestro futuro existencial. Mientras sigamos jugando con estas mismas reglas defectuosas, continuaremos atrapados en el mismo círculo vicioso, llevando a Israel hacia un final predeterminado.