Las sanciones europeas contra empresas israelíes en Judea y Samaria amenazan con agravar las condiciones económicas que empujan a los palestinos a buscar un futuro en otros lugares, incluida la propia Europa, advirtieron expertos al Servicio de Prensa de Israel (TPS-IL).
De acuerdo con los especialistas, medidas como las que impulsó recientemente el Reino Unido podrían perjudicar a esas compañías y alimentar la emigración palestina hacia Europa.
Para los palestinos empleados por empresas israelíes, las consecuencias de los boicots y las sanciones pueden ser inmediatas, ya que quienes trabajan en los parques industriales israelíes de Judea y Samaria suelen ganar casi el doble que sus pares contratados por empleadores palestinos.
Por eso, el cierre o el traslado de estas empresas podría dejar a miles de palestinos sin puestos relativamente bien remunerados y empujarlos al desempleo u obligarlos a aceptar salarios mucho más bajos.
Estas presiones económicas se suman a un fenómeno más amplio de emigración palestina, y diversas encuestas han revelado reiteradamente que un número significativo de palestinos, sobre todo jóvenes, se iría si tuviera la oportunidad.
Entre los principales motivos figuran las dificultades económicas, la inseguridad y el pesimismo sobre el futuro.
El resultado es una contradicción cada vez mayor, ya que los gobiernos europeos que dicen querer mejorar las condiciones de vida de los palestinos podrían estar respaldando políticas que hacen cada vez más difícil permanecer en sus comunidades.
Un empresario israelí del Parque Industrial Barkan, en Samaria, le dijo a TPS-IL que no tiene dudas sobre la suerte que correrían los cientos de palestinos que emplea, aunque prefirió identificarse solo como Zvika para no atraer la atención del movimiento de boicot.
“Ellos serán los primeros en sufrir. Nosotros les damos su sustento, y si esto perjudica a nuestras empresas, lo primero que ocurrirá es que perderán sus empleos y quedarán desocupados”, aseguró.
En opinión de Zvika, este tipo de medidas provocaría “un daño enorme a un amplio sector industrial que emplea a decenas de miles de trabajadores”.
“Quiero subrayar que estos trabajadores reciben las mismas condiciones laborales que los israelíes, incluidos todos los beneficios sociales. Ganan buenos sueldos. Si encuentran trabajo con un empleador palestino, allí los salarios rondan el 20% de lo que pagamos nosotros. Pero conseguir ese empleo no está para nada garantizado”, añadió.
Trabajadores atrapados en el fuego cruzado
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, el producto interno bruto (PIB) real de la Autoridad Palestina (AP), incluido Jerusalén Este, se contrajo un 17.1% entre el primer trimestre de 2023 y el primero de 2025.
Por su parte, el Banco Mundial informó que el PIB real combinado de la AP y Gaza cayó un 28% en 2024, hasta 10,600 millones de dólares, lo que borró 15 años de crecimiento económico.
La Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS) reportó que el desempleo en la AP pasó de alrededor del 14% en el tercer trimestre de 2023, equivalente a 129 mil personas, al 29.5% en el primer trimestre de 2026, con 294 mil desocupados, antes de bajar al 27.9% en el segundo trimestre, con 284 mil.
Mientras tanto, la cantidad de palestinos de la AP que trabajan para empleadores israelíes alcanzó los 53 mil en el segundo trimestre de 2026, frente a 48 mil en el trimestre anterior, una cifra que incluye tanto a quienes trabajan dentro de Israel como en comunidades israelíes de Judea y Samaria.
Según la PCBS, más de 35 mil se desempeñaban dentro de la Línea Verde, la línea del armisticio anterior a 1967, mientras que otros 17,600 lo hacían en comunidades israelíes de Judea y Samaria.
El salario diario promedio de ambos grupos fue de 263.40 shékels (84.14 dólares), casi el doble de los 134.30 shékels (42.90 dólares) que percibieron los palestinos contratados por empleadores palestinos.
En ese contexto, un artículo publicado en octubre de 2026 por el Centro de Jerusalén para la Seguridad y los Asuntos Exteriores advirtió que las sanciones británicas a los productos fabricados por empresas israelíes en Judea y Samaria podrían tener graves consecuencias para los palestinos empleados allí.
El texto, firmado por el exembajador israelí en Canadá Alan Baker y por el director de la Iniciativa para la Rendición de Cuentas y la Reforma de la Autoridad Palestina de ese centro Maurice Hirsch, alertó que las sanciones podrían llevar a las empresas israelíes a despedir a su personal palestino.
Además, Israel podría considerar la revocación de los permisos de trabajo, una medida que alcanzaría al grupo más amplio de 53 mil palestinos contratados por empleadores israelíes, incluidos quienes trabajan dentro de la Línea Verde.
Con un desempleo palestino que ya se acerca al 30%, los autores estimaron que la pérdida de estos puestos relativamente bien pagados podría elevar la tasa a entre el 32% y el 34%.
Así, los trabajadores palestinos enfrentarían dos riesgos distintos, ya que la reducción de los pedidos europeos podría llevar a las empresas afectadas de Judea y Samaria a recortar puestos, lo que impactaría en parte de los 17,600 palestinos empleados allí.
A su vez, cualquier decisión israelí de revocar los permisos de trabajo en respuesta a las restricciones también podría afectar a quienes trabajan dentro de la Línea Verde, una opción que Hirsch y Baker describieron como una posible contramedida de Israel.
En declaraciones a TPS-IL, Hirsch calificó el enfoque europeo de “hipocresía demencial” y argumentó que, si bien los países europeos han acogido a millones de refugiados de Siria y de otros lugares de Medio Oriente, se han mostrado mucho menos dispuestos a recibir a palestinos, incluso en tiempos de guerra.
Tras los ataques terroristas liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, Israel prohibió el ingreso al país de unos 115 mil trabajadores palestinos que tenían permiso.
De acuerdo con Gisha, una oenegé israelí de derechos humanos y asistencia legal centrada en la libertad de movimiento de los palestinos, de los cerca de 48 mil permisos de trabajo suspendidos al estallar la guerra, unos 32 mil fueron renovados en 2024, aunque esa renovación no permite establecer cuántos trabajadores volvieron efectivamente a sus empleos.
Un éxodo silencioso
Las dificultades económicas forman parte de un problema más amplio, ya que muchos palestinos han dejado sus comunidades en busca de oportunidades en el exterior, sobre todo en Europa y Norteamérica.
Históricamente, Alemania ha sido uno de los principales destinos europeos de los solicitantes de asilo palestinos, mientras que Grecia y Chipre funcionan como importantes puntos de entrada.
También existen comunidades palestinas consolidadas en Suecia, Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.
Resulta difícil precisar las cifras de la emigración palestina, aunque entre 2015 y 2025 los Estados miembros de la Unión Europea (UE) recibieron 216 mil primeras solicitudes de asilo de personas registradas como apátridas, de nacionalidad desconocida o como ciudadanas de Palestina.
El deseo de emigrar es anterior a la guerra actual, y en septiembre de 2022 el director del Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR) de Ramala Khalil Shikaki informó que, en promedio, el 30% de los palestinos había expresado su intención de emigrar durante la década anterior.
La cifra llegaba al 41% en Gaza, frente al 23% en la AP, mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años el promedio era del 42% y ascendía al 53% en Gaza.
Shikaki atribuyó ese deseo de irse a la insatisfacción con las condiciones de vida, la inseguridad y el pesimismo sobre una reconciliación entre la AP y Gaza.
Otras encuestas del centro han concluido que entre el 25% y el 33% de los palestinos se marcharía si tuviera la oportunidad.
Por su parte, el especialista israelí en cultura árabe y profesor de la Universidad Bar-Ilan Mordejai Kedar le dijo a TPS-IL que el éxodo palestino es más marcado entre las nuevas generaciones.
“Hoy hay un éxodo muy importante de Judea y Samaria. Se está yendo mucha gente, sobre todo jóvenes. Son mayormente hombres jóvenes, pero resulta que también se están yendo mujeres jóvenes”, afirmó.
Según Kedar, el cambio de actitud de las familias también influye, ya que tradicionalmente algunos hogares árabes se resistían a que sus hijas solteras viajaran solas al exterior.
Sin embargo, a medida que más varones jóvenes se marchan, algunas familias están cada vez más dispuestas a dejar que ellas también emigren, explicó.
Una Europa dividida
La UE sigue dividida respecto de las propuestas para restringir el comercio con las comunidades israelíes de Judea y Samaria.
Mientras algunos Estados miembros han presionado para endurecer las medidas tras la opinión consultiva emitida en 2024 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las políticas de Israel en los territorios palestinos, Alemania, Austria, Hungría y la República Checa se oponen a una prohibición comercial generalizada.
En virtud del Acuerdo de Asociación UE-Israel, el trato comercial preferencial no se aplica a los productos originarios de comunidades israelíes de Judea y Samaria, aunque muchos de ellos pueden ingresar igualmente al mercado europeo con los aranceles estándar de nación más favorecida, según su clasificación.
Por otro lado, un fallo de 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que los alimentos procedentes de territorios ocupados por Israel identifiquen su territorio de origen e indiquen, cuando corresponda, si provienen de un asentamiento israelí.
En julio de 2026, la Comisión Europea presentó a los ministros de Comercio distintas opciones para ampliar las restricciones, entre ellas licencias especiales de exportación para las empresas que operan en comunidades israelíes de Judea y Samaria, aranceles más altos a sus productos y una prohibición comercial parcial o total.
Ante la falta de acuerdo a nivel de la UE, varios países han aplicado o anunciado restricciones nacionales al comercio con esas comunidades.
En septiembre de 2026, el Reino Unido anunció planes para prohibir la importación de bienes procedentes de estas localidades e introducir medidas específicas contra personas y entidades involucradas en la expansión de los asentamientos, y el gobierno indicó que la legislación para las restricciones más amplias llegaría en un plazo de seis a nueve meses.
Francia y Canadá también anunciaron planes para implementar prohibiciones nacionales a los productos de los asentamientos, mientras que los tres países celebraron las medidas ya adoptadas o en curso de Irlanda, España, Noruega, Bélgica y los Países Bajos.
En tanto, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia se comprometieron a respaldar nuevas acciones, pero todavía no anunciaron prohibiciones equivalentes.