Si los palestinos tuvieran un Estado, ¿habría abandonado Irán sus ambiciones nucleares? ¿Habría dejado de financiar a Hezbolá, Hamás y los hutíes? ¿Dejaría Teherán de amenazar a los Estados árabes suníes? ¿Desaparecería la Hermandad Musulmana? Y lo más importante: ¿habría evitado un Estado palestino lo ocurrido el 7 de octubre?
La respuesta a todas estas preguntas es, casi con toda seguridad, no. Sin embargo, al escuchar el coro que exige un Estado palestino, uno podría pensar que el conflicto israelo-palestino es la fuente de todos los problemas de Medio Oriente y que la creación de otro Estado árabe traería mágicamente la paz a la región.
Al parecer, la historia no significa nada para estas personas. Cuando la OLP, Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Hezbolá e Irán declaran su intención de destruir a Israel —y actúan en consecuencia—, ¿por qué no se les toma en serio? ¿Por qué se descartan las amenazas de los enemigos de Israel, mientras que las garantías de sus críticos se tratan como si fueran palabra sagrada?
Tras el 7 de octubre, debería ser inconcebible que alguien exigiera a Israel que aceptara un Estado palestino potencialmente hostil en sus fronteras. En cambio, la masacre parece haber reforzado la determinación de los críticos de Israel de forzar precisamente ese resultado. Se ha olvidado a las víctimas, se han ignorado las lecciones y se espera que Israel se arriesgue al suicidio nacional para satisfacer las conciencias de los occidentales que alardean de virtud y que nunca tendrán que vivir con las consecuencias.
Por la forma en que vociferan los defensores de una solución de dos Estados, uno pensaría que han descubierto alguna idea revolucionaria o que la paz fuera simplemente cuestión de trazar una línea en un mapa. ¿Qué les hace creer que un Estado palestino es más factible hoy que cuando los líderes árabes rechazaron la partición en 1937?
¿Qué fórmula mágica han descubierto que se les escapó a los artífices del Plan Rogers, el Plan Reagan, la Conferencia de Madrid, los Acuerdos de Oslo, las negociaciones de Camp David, la Hoja de Ruta para la Paz, la oferta de paz de Ehud Olmert, las iniciativas de la Administración Obama y el “Acuerdo del Siglo” del primer mandato del presidente de EE. UU. Donald Trump?
Los defensores de la solución de dos Estados nunca explican qué ha cambiado para que el éxito sea más probable. Repiten el mismo mantra, como si decir “dos Estados” con suficiente frecuencia fuera a hacer desaparecer los obstáculos.
La paz no puede ser impuesta por terceros que se niegan a reconocer la realidad sobre el terreno o las responsabilidades de ambas partes.
Consideremos las cuatro cuestiones relativas al estatuto definitivo, empezando por Jerusalén. Es la capital de Israel, el centro de la historia y la identidad judías, y no volverá a dividirse. En teoría, los palestinos podrían establecer su capital en Abu Dis, donde se encuentra un edificio del Parlamento construido para tal fin que está sin usar y en estado de deterioro. Los líderes palestinos barajaron esa idea en su momento, pero la abandonaron hace mucho tiempo. En su lugar, siguen exigiendo la soberanía sobre Jerusalén Este, incluida la Ciudad Vieja y sus lugares sagrados. Ningún Gobierno israelí previsible estará de acuerdo.
Luego están los asentamientos, denunciados habitualmente como el principal obstáculo para la paz, como si sus habitantes pudieran ser borrados del mapa. Más de 500 mil judíos viven en Judea y Samaria. ¿Qué proponen exactamente los críticos hacer con ellos? ¿Son las mismas personas que acusan falsamente a Israel de limpieza étnica las que exigen que un Estado palestino sea “Judenrein”, como ha sugerido el líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás? Al parecer, para algunos defensores de la creación de un Estado palestino, la presencia de judíos es un obstáculo para la paz, mientras que la exigencia de su expulsión no lo es.
Los negociadores llevan mucho tiempo dando por sentado que Israel anexionaría los principales bloques de asentamientos cercanos a la línea del armisticio de 1949, mientras que los colonos que viven en otros lugares se reubicarían en esos bloques o dentro de la Línea Verde. Esa fórmula ya resultaba bastante difícil cuando la población de colonos era mucho menor. Hoy en día, unos 370 mil judíos viven en los principales bloques de asentamientos, lo que deja a más de 130 mil fuera de ellos.
¿De verdad imaginan los defensores de la solución de dos Estados que un Gobierno israelí arrasaría sus hogares y los evacuaría por la fuerza? La retirada israelí de aproximadamente 8 mil colonos de Gaza en 2005 estuvo a punto de desgarrar al país. ¿Qué político se atrevería a llevar a cabo una operación más de diez veces mayor?
¿Y qué pasaría con los aproximadamente 350 mil judíos que viven en Jerusalén Este y a los que la comunidad internacional también califica de “colonos”? ¿Se les expulsará también? Los defensores de la partición nunca lo dicen.
La exigencia palestina del “derecho al retorno” es igualmente innegociable. Israel no aceptará admitir en el Estado judío a millones de palestinos que reclaman la condición de refugiados. La UNRWA puede contabilizar a casi 6 millones de palestinos como refugiados, pero el número de quienes partieron entre 1947 y 1949, y que aún siguen con vida, probablemente no supere los pocos miles de personas de edad avanzada. Además, lo cierto es que aproximadamente el 75% de los palestinos vive en lo que fue Palestina antes de 1922, y la mayoría del resto no son refugiados según ninguna definición.
El objetivo de exigir un derecho al retorno para millones de personas es transformar el único Estado judío del mundo en otro país de mayoría árabe. Los palestinos lo entienden. Los israelíes también lo entienden. Sin embargo, los defensores de la solución de dos Estados fingen que se trata de una cuestión técnica menor que puede resolverse mediante una diplomacia creativa. Deberían saber que Israel no renunciará a su identidad judía, del mismo modo que no renunciará a su seguridad.
La cuarta cuestión relativa al estatuto definitivo son las fronteras. Los palestinos insisten en que las negociaciones comiencen con las líneas anteriores a junio de 1967, que Abba Eban caracterizó de forma memorable como “las fronteras de Auschwitz”. Incluso antes del 7 de octubre, los israelíes tenían motivos de sobra para cuestionar si esas líneas podían defenderse. Tras ver cómo los terroristas de Hamás cruzaban en masa la frontera de Gaza para asesinar, violar, secuestrar y aterrorizar a civiles, la idea de que Israel deba ceder territorio estratégicamente vital a cambio de la promesa de una coexistencia pacífica se ha vuelto aún menos creíble.
El plan de paz de Trump era una solución de dos Estados que intentaba romper el molde, lo que lo convertía tanto en la propuesta más realista como en la más irrealista jamás planteada.
Era realista porque, a diferencia de iniciativas anteriores, se tomaba en serio las necesidades de seguridad de Israel, reconocía las reivindicaciones históricas judías sobre Judea y Samaria, y admitía que no se podía simplemente desarraigar a cientos de miles de colonos. Era poco realista porque cumplir esos requisitos significaba rechazar las exigencias que los líderes palestinos llevan décadas insistiendo en que son innegociables.
Formas de romper con los esquemas
Y lo que es más importante, el plan de Trump hizo algo que los defensores acérrimos de la solución de dos Estados suelen evitar: exigía concesiones significativas por parte de los palestinos.
Según el plan, los palestinos tendrían que:
1. Reconocer a Israel como el Estado judío y declarar el fin del conflicto y de todas las reivindicaciones pendientes.
2. Renunciar a la exigencia del derecho al retorno a Israel.
3. Aceptar un Estado desmilitarizado sujeto a los requisitos de seguridad israelíes de carácter imperativo.
4. Aceptar la soberanía israelí sobre los asentamientos designados y el valle del Jordán.
5. Renunciar a las reivindicaciones sobre la mayor parte de Jerusalén, incluida la soberanía israelí sobre la Ciudad Vieja y el Monte del Templo.
6. Desarmar a Hamás, la Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones terroristas.
7. Poner fin a los pagos a los terroristas encarcelados y a las familias de los terroristas fallecidos.
8. Poner fin a la incitación contra Israel y reformar la educación palestina.
9. Abandonar las campañas legales internacionales contra Israel.
10. Llevar a cabo reformas democráticas, económicas e institucionales como requisitos previos para la creación de un Estado.
Estas no eran exigencias arbitrarias diseñadas para humillar a los palestinos. Abordaban precisamente las cuestiones que han hecho imposible la paz. Un Estado palestino que se niega a reconocer la legitimidad de Israel, glorifica el terrorismo, educa a los niños para que odien a los judíos e insiste en la eventual eliminación del Estado judío no es una fórmula para la paz. Es una fórmula para otra guerra.
Sin embargo, los líderes palestinos rechazaron el plan en lugar de negociar sus disposiciones. Ese rechazo debería haber obligado a la comunidad internacional a plantearse una cuestión fundamental: si los líderes palestinos no aceptan las condiciones necesarias para garantizar que un Estado conviva pacíficamente junto a Israel, ¿por qué se debería esperar que Israel aceptara los riesgos que conlleva crear uno?
Los defensores de la solución de dos Estados no tienen una respuesta convincente. En cambio, se aferran a la fantasía de que el único ingrediente que falta es una presión estadounidense suficiente sobre Israel. Su solución no consiste en persuadir a los palestinos para que cedan, sino en utilizar la influencia política, económica y diplomática de Estados Unidos para obligar a Israel a capitular.
Este enfoque está ganando adeptos entre los demócratas, cada vez más hostiles hacia Israel. Sus defensores podrían estar contando con la elección, en 2028, de un presidente antiisraelí que esté dispuesto a imponer sanciones, retener la ayuda militar o castigar de cualquier otra forma a Israel hasta que acepte las exigencias palestinas.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece estar contemplando ese futuro. Sus comentarios sobre el uso de criptomonedas para eludir las sanciones sugirieron que el Gobierno se estaba rindiendo ante los antisemitas y los críticos de Israel, y que se estaba preparando para el aislamiento económico en lugar de afrontar el desafío político. Los economistas y el Banco de Israel descartaron la idea por considerarla una forma ineficaz de evadir las sanciones. Más preocupante aún fue la impresión de que Netanyahu estaba admitiendo la inevitabilidad de la presión internacional y buscando formas de sobrevivir a ella en lugar de derrotarla.
Un cambio de Gobierno en Israel podría modificar algunas políticas. Un nuevo primer ministro podría suspender el proyecto E-1, detener la expansión de los asentamientos o adoptar una postura diplomática menos conflictiva. Es poco probable que tales medidas apacigüen a los críticos o resuelvan los problemas fundamentales.
Y lo que es más importante, el trauma del 7 de octubre no desaparecería con Netanyahu. Los israelíes de todo el espectro político han visto lo que ocurre cuando los terroristas controlan el territorio adyacente a sus comunidades. Saben que Hamás convirtió el territorio que Israel evacuó en 2005 en una base para ataques con cohetes, túneles y, en última instancia, la peor masacre de judíos desde el Holocausto.
¿Por qué deberían creer que retirarse de Judea y Samaria produciría un resultado diferente? ¿Qué garantías podría ofrecer la comunidad internacional que fueran más creíbles que las promesas que siguieron a la retirada de Israel de la Franja de Gaza?
Los defensores de la solución de dos Estados rara vez abordan estas preguntas porque las respuestas socavan su solución preferida.
Nada de esto significa que Israel deba abandonar la esperanza de paz. Significa que la paz no puede ser impuesta por terceros que se niegan a reconocer los hechos sobre el terreno o las responsabilidades de ambas partes. La creación de un Estado palestino no puede ser una recompensa por el terrorismo, un sustituto del reconocimiento de Israel ni un mecanismo para crear otra amenaza respaldada por Irán en la frontera de Israel.
El problema fundamental no es que los israelíes no hayan escuchado los argumentos a favor de un Estado palestino. Los han escuchado durante generaciones. Han negociado, han ofrecido concesiones, se han retirado de territorios y han pagado un precio terrible por la creencia de que una cesión territorial traería la paz. No han renunciado a la esperanza de paz, pero no van a poner en juego la vida de sus hijos y la existencia de su país para satisfacer a personas que no asumirán ninguna de las consecuencias si la apuesta fracasa.
Ninguna presión diplomática, coacción económica o chantaje moral convencerá a los israelíes de que el suicidio nacional es el precio que deben pagar por la paz.