En agosto de 2026, Argentina destituyó al juez federal Alfredo López después de que salieran a la luz contenidos antisemitas que había difundido en redes sociales.
En una de sus publicaciones preguntaba: “¿A quién son leales los judíos que residen en nuestra patria?”. En otra, se describía como blanco del “judaísmo, tanto interno como externo”. En una más, sostenía que quienes “representan los intereses de un Estado extranjero” no tenían derecho a cuestionar a un juez argentino.
No eran palabras de un provocador anónimo que actúa en los márgenes de internet. Venían de un juez federal, alguien a quien se le confía interpretar la ley e impartir justicia de manera imparcial.
En un momento en que las democracias de todo el mundo enfrentan un aumento del antisemitismo y de otras formas de odio, la respuesta de Argentina deja una lección importante: condenar el odio después de que ocurre no alcanza.
Las instituciones necesitan herramientas para reconocerlo, entenderlo y pedir cuentas a quienes usan posiciones de autoridad para difundirlo.
La destitución de López no ocurrió en el vacío. Fue posible, en parte, porque Argentina lleva años construyendo un marco institucional más sólido para identificar y enfrentar el antisemitismo. Un componente clave de ese esfuerzo ha sido la adopción de la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) por parte de instituciones públicas y privadas de todo el país. El principio detrás de este trabajo es sencillo: nombrar el problema en términos claros.
El antisemitismo no siempre se presenta con una esvástica o con una declaración explícita de odio. Puede manifestarse a través de teorías conspirativas sobre el poder judío, acusaciones de doble lealtad, culpas colectivas y otros estereotipos que han evolucionado durante siglos.
Las instituciones que se comprometen a combatir el antisemitismo necesitan un marco práctico para reconocer estas manifestaciones cuando aparecen. Ahí es donde las definiciones y la educación marcan la diferencia.
Este debate no es ajeno a Estados Unidos. Las universidades, los organismos de gobierno y otras instituciones estadounidenses enfrentan muchas de las mismas preguntas: ¿cómo se debe identificar el antisemitismo? ¿Cuándo un discurso de odio se convierte en una conducta discriminatoria? ¿Y cómo pueden las instituciones proteger a las personas de la discriminación sin dejar de resguardar la libertad de expresión legítima?
Son preguntas difíciles, sobre todo en un país con protecciones excepcionalmente fuertes a la libertad de expresión. Pero la dificultad no justifica la parálisis institucional.
La lección de Argentina es que las definiciones no tienen por qué reemplazar el criterio ni el debido proceso. Usadas con responsabilidad, pueden darles a las instituciones un marco común para reconocer los prejuicios y determinar cuándo se han traspasado las reglas y las normas profesionales establecidas.
La oficina para América Latina del Centro Simon Wiesenthal lleva años trabajando con instituciones de toda la región para promover la comprensión del antisemitismo contemporáneo y capacitar sobre cómo identificarlo. Desde que Argentina adoptó la definición de la IHRA, se ha aplicado en decenas de casos. El proceso contra López mostró lo que esos esfuerzos pueden significar en la práctica.
Uno de nosotros, Ariel Gelblung, declaró dos veces como perito: primero durante la investigación preliminar y luego ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Su testimonio abordó el significado y las implicaciones de las declaraciones de López, los estereotipos antisemitas que invocaban y los estándares internacionales que se usan para identificar el discurso de odio y la discriminación.
El resultado importa más allá de un juez y más allá de Argentina. Los jueces ocupan un lugar particular en las sociedades democráticas.
Los ciudadanos que entran a un tribunal deben poder confiar en que su religión, su origen étnico o su identidad no determinarán cómo los trata la persona que ocupa el estrado. Cuando un juez difunde públicamente prejuicios sobre un grupo de personas, esa confianza queda profundamente dañada.
La lección de Argentina no es que la ley deba prohibir toda declaración de odio. Cada democracia fija límites legales distintos a la expresión, y la libertad de expresión sigue siendo un principio democrático esencial.
Pero la libertad de expresión no exime de la responsabilidad profesional o institucional, sobre todo a los funcionarios públicos a quienes se les confía una autoridad extraordinaria sobre los derechos y la vida de otros.
Esa distinción es especialmente importante hoy. Las sociedades democráticas suelen responder a los brotes de antisemitismo, racismo y otras formas de odio con declaraciones de preocupación.
Esas declaraciones tienen valor, pero no pueden reemplazar a una infraestructura. Combatir la discriminación exige normas claras, educación, capacitación e instituciones dispuestas a hacer cumplir los principios que adoptaron.
Simon Wiesenthal entendía que enfrentar el odio no puede limitarse a documentar el pasado. Las lecciones de la historia importan sobre todo cuando preparan a las sociedades para reconocer las señales de alarma en el presente y actuar antes de que los prejuicios se normalicen en sus instituciones.
La experiencia argentina demuestra que las instituciones democráticas no están indefensas frente al antisemitismo.
Destituir a un juez no derrotará al antisemitismo. Pero este caso demuestra algo cada vez más importante en una época en que el odio puede propagarse con rapidez y normalizarse de forma peligrosa: las instituciones democráticas pueden trazar un límite.
Y cuando lo hacen, eso importa.